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El juez cita a Begoña Gómez como acusada el 9 de junio
Juan Carlos Peinado convoca también a Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés en una audiencia preliminar donde podrían decretarse medidas cautelares
El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para el 9 de junio a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como acusada en la investigación sobre presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. A esa audiencia preliminar deberán asistir también Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, en una sesión donde podrían acordarse medidas cautelares.
Mediante auto, el magistrado ha ordenado la comparecencia personal de los tres investigados. Peinado advierte que deberán presentarse con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de no asistir a la cita señalada.
En su resolución, el instructor sostiene que durante esa audiencia preliminar podría adoptarse alguna medida cautelar de carácter personal destinada a evitar o reducir el riesgo de que los acusados intenten eludir la acción de la justicia. El juez vincula esa posibilidad a la gravedad de las penas que podrían imponerse en caso de condena.
Peinado ya había planteado que Begoña Gómez fuese enjuiciada por un tribunal de jurado popular por los presuntos delitos investigados. La causa afecta también a Cristina Álvarez, asistenta de Gómez en La Moncloa, y a Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a varias de las actuaciones examinadas en el procedimiento.
A la audiencia preliminar asistirán los acusados, sus abogados defensores, la Fiscalía, las acusaciones populares personadas y la Universidad Complutense de Madrid, que ejerce como acusación particular.
La defensa pide la absolución
En su escrito de defensa, Begoña Gómez ha solicitado su absolución en caso de que la causa llegue finalmente a juicio. Su letrado, Antonio Camacho, sostiene que los hechos investigados “no son constitutivos de delito alguno” y acusa a las acusaciones de actuar con "mala fe".
La defensa de la esposa del presidente del Gobierno denuncia "temeridad" en la actuación de las acusaciones y afirma que desde el inicio del procedimiento ha existido una “inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente”. Conforme a su escrito, las pruebas aportadas a la causa resultan insuficientes para fundamentar los tipos penales imputados.
Camacho argumenta además que la acción penal se ha ejercido y mantenido persiguiendo fines distintos a la legítima persecución del delito. La defensa ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de encaminar la causa hacia un juicio con jurado popular, argumentando que Gómez es investigada únicamente por ser cónyuge del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Provincial de Madrid también ha solicitado a la Audiencia Provincial que archive el caso, al considerar que los hechos no constituyen infracción penal. El Ministerio Público reclama el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de todos los delitos y de todos los investigados afectados.
En otro escrito dirigido al juez Peinado, la Fiscalía reiteró su petición de archivo de la causa y adelantó que solicitaría la absolución de los tres investigados si la Audiencia de Madrid acordase la apertura de juicio oral.
Las acusaciones populares, entre ellas Hazte Oír, VOX, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España, reclaman penas de hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez. También solicitan la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por un supuesto "riesgo de fuga".
Hazte Oír pide además 22 años de cárcel para Cristina Álvarez por presunta malversación y por su supuesto papel como cooperadora necesaria en otros delitos atribuidos a Gómez. Para Juan Carlos Barrabés, las acusaciones solicitan seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
