La defensa de Begoña Gómez pide su absolución y niega cualquier delito

La esposa de Pedro Sánchez sostiene que los hechos investigados no constituyen delito y reclama que las acusaciones populares paguen las costas del procedimiento

La esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha solicitado su absolución en caso de que la causa abierta contra ella llegue a juicio, argumentando que los hechos por los que está siendo investigada no constituyen delito alguno y que las acusaciones han actuado con "mala fe" y “temeridad de las acusaciones”.

Así consta en el escrito de defensa presentado por su abogado, el exministro Antonio Camacho, ante el juzgado que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. En el procedimiento también figuran como investigados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La defensa de Gómez cuestiona la “temeridad de las acusaciones” de las acusaciones, encabezadas por Hazte Oír, y denuncia que esta conducta se ha manifestado “a lo largo de todo el procedimiento”. Según el escrito presentado, habría existido una “inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio”.

Camacho sostiene que las acusaciones mantienen su pretensión penal a pesar de que los elementos de prueba incorporados al expediente, analizados en su conjunto, resultan "manifiestamente insuficientes" para respaldar los tipos penales atribuidos a la esposa del presidente.

El letrado también subraya la "mala fe" de las acusaciones, argumentando que la acción penal fue ejercitada y sostenida con propósitos ajenos a la legítima persecución del delito. Desde su perspectiva, las acusaciones han instrumentalizado el proceso penal como mecanismo de presión y generación de daño reputacional contra Gómez.

La defensa rechaza que exista correlación real entre los hechos investigados y las calificaciones jurídicas planteadas por las acusaciones. Por este motivo, solicita que se imponga a éstas el pago íntegro de las costas, incluidos los honorarios del letrado y los derechos del procurador.

El escrito de defensa recuerda que Begoña Gómez inició su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en 2012, momento en el que Pedro Sánchez no ocupaba responsabilidad pública alguna. La defensa subraya que esta actividad se desarrolló de manera simultánea a su trabajo en el sector privado.

Según el abogado, Gómez solicitó la excedencia en su empleo en 2018, cuando Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno, “con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses” derivado de la posición institucional de su marido.

La defensa niega apropiación del software

El juez Juan Carlos Peinado ha investigado varias líneas dentro del procedimiento: las presuntas influencias a favor de Juan Carlos Barrabés, la gestión de la cátedra que codirigía Begoña Gómez, la presunta apropiación indebida del software vinculado a esa cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa.

Respecto al software, la defensa sostiene que el convenio de creación de la cátedra contemplaba el desarrollo de una plataforma tecnológica digital destinada a medir y cuantificar el impacto social. Conforme al escrito, la herramienta fue concebida como una plataforma gratuita y propiedad de la Universidad Complutense de Madrid.

El abogado de Gómez afirma que el desarrollo de esa plataforma contó con la colaboración de varias empresas, mayoritariamente del sector tecnológico, que aportaron horas de trabajo o recursos económicos. Todas esas aportaciones, según la defensa, fueron ingresadas en el patrimonio de la Universidad Complutense.

El escrito añade que fue la propia universidad la que licitó los contratos necesarios para la puesta en marcha del software. La defensa destaca que la herramienta nunca llegó a finalizarse y se encontraba en fase de pruebas cuando se incoó el procedimiento.

Según la defensa de Gómez, el software nunca entró en funcionamiento porque, tras abrirse la causa, la Universidad Complutense de Madrid decidió finalizar la cátedra y cerrar todas sus actividades. En ese momento, los fondos procedentes de aportaciones de empresas colaboradoras que no habían sido utilizados permanecieron en el patrimonio de la universidad.

La Universidad Complutense comunicó al juez que abonó 113.509,32 euros para el desarrollo del software. La defensa utiliza este dato para sostener que no hubo apropiación de recursos por parte de Gómez.

En cuanto a Cristina Álvarez, el escrito afirma que la asesora remitió “un número muy limitado de correos” para ayudar a Gómez en momentos puntuales. Según el abogado, esos mensajes fueron enviados siempre desde su cuenta particular y no afectaron al correcto cumplimiento de sus funciones ni supusieron menoscabo de recursos públicos.

La defensa también ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Peinado de orientar la causa hacia un juicio con jurado popular. En ese recurso, Gómez alegó que se la investiga por “ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

El abogado pidió al tribunal que deje sin efecto y declare nulo el auto con el que el juez rechazó un recurso previo contra su decisión de dirigir la causa a un jurado. La defensa sostiene que no comprende cómo puede vincularse el acceso de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez.

Camacho argumenta que Gómez ya se dedicaba al ámbito de la consultoría y mantenía actividad docente desde muchos años antes de empezar a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

La esposa del presidente del Gobierno solicitó la semana pasada al juez Peinado que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados. La petición llegó después de que el magistrado planteara en abril la posibilidad de que el procedimiento sea juzgado por un jurado popular.

La acusación popular liderada por Hazte Oír ha solicitado en su escrito de acusación la apertura de juicio y penas de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años para Cristina Álvarez y seis años para Juan Carlos Barrabés.