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La Audiencia Nacional suspende la declaración de Sol como Lugar de Memoria Democrática
El tribunal estima la medida cautelar de la Comunidad de Madrid por riesgo de perjuicio a su imagen institucional
La Audiencia Nacional ha paralizado cautelarmente el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez que designaba Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. La decisión, adoptada mediante auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde al recurso presentado por el Ejecutivo autonómico, que argumentaba que la medida podía perjudicar la imagen institucional del edificio.
El tribunal ha estimado la suspensión cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo que el Gobierno central aprobó el pasado 20 de octubre. Los magistrados reconocen que, aunque no puede afirmarse de forma concluyente que el daño a la imagen vaya a materializarse, tampoco es posible descartar esa posibilidad de forma categórica.
En su razonamiento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo precisa que “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”.
Ante esta evaluación del riesgo, los magistrados consideran que la medida cautelar resulta "pertinente" dado que existe la posibilidad de que se produzca “un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”.
Con esta resolución, la declaración como Lugar de Memoria Democrática permanece suspendida mientras prosigue la tramitación del procedimiento judicial. El auto constituye un revés cautelar para el Gobierno central y otorga amparo provisional a la posición sostenida por la Comunidad de Madrid en defensa de los intereses institucionales de la región.
La suspensión cautelar mantiene la situación en suspenso hasta que se resuelva el fondo del asunto contencioso-administrativo, lo que permite a la Comunidad de Madrid continuar con su estrategia legal para impedir la designación definitiva del edificio como lugar de memoria.
