Los policías y guardias civiles exigen una pensión de jubilación adecuada y urgen al Gobierno a que no se desentienda

Policías y guardias civiles convocados por la plataforma Jusapol se han movilizado este sábado en Madrid para reclamar una jubilación digna y denunciar una "doble discriminación" que sufren en el cálculo de sus pensiones, pidiendo al Gobierno que les escuche y acabe con el trato "menor" que reciben en comparación con los agentes autonómicos.

JUPOL y JUCIL, dos entidades que representan a la mayoría de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han pedido una modificación legislativa y han advertido que estarán atentos y que llevarán su reivindicación a los despachos.

Los que ingresaron antes de 2011 piden un cambio porque su pensión se calcula según el antiguo sistema de clases pasivas, lo que significa que recibirán una cantidad menor que los que ingresaron después de esa fecha y se ajustan al régimen general de la Seguridad Social.

Y, por otro lado, porque en ambos casos las cuantías serán considerablemente inferiores a las que perciben los funcionarios de las policías autonómicas y que pueden alcanzar una diferencia de "hasta mil euros mensuales".

El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha trasladado además el malestar de los "únicos policías" de España a los que no les reconoce como profesión de riesgo. "Estamos cansados que atenten contra nuestra dignidad profesional, tratándonos como a una policía menor", ha precisado.

Gómez ha señalado en un comunicado que cuando se permiten y no se arreglan las "discriminaciones salariales" se daña "la moral y el ánimo" de los agentes, recordando que han puesto en las manos de los partidos políticos soluciones: "Es una cuestión de voluntad política, si quieren la igualdad para nosotros o no".

Por su parte, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha apuntado que las policías autonómicas "cobran más, se jubilan mejor" y su trabajo es considerado de riesgo "por hacer exactamente el mismo trabajo". Y desde JUCIL, su homólogo, Ernesto Vilariño, ha mostrado su confianza en que tanto la Administración como los partidos tomen nota de estas reivindicaciones y adopten medidas para solucionar las "desigualdades".

La protesta ha estado respaldada por el sindicato CSIF, que demanda la equiparación salarial del conjunto de trabajadores penitenciarios y el reconocimiento como agentes de autoridad "ante el incremento de episodios violentos en las cárceles".

Los trabajadores de Prisiones del Estado tienen una brecha salarial promedio de entre 7.908 y 10.112 euros al año en comparación con los empleados de la Generalitat de Cataluña.