
El Consejo de Ministros autoriza distribuir los fondos recaudados del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, con un aumento del 15 por ciento respecto a 2023.
El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para repartir 432 millones de euros entre los gobiernos de las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La cifra supone un aumento de un 15% respecto a la distribuida el año anterior.
El importe total es de 432.818.240,70 euros, recaudado a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales y las tasas de envejecimiento y discapacidad. Además se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%).
Andalucía recibiría 81 millones, Aragón 13, Asturias 15, Baleares 8, Canarias 22, Cantabria 6, Castilla y León 27, Castilla-La Mancha 23, Cataluña 57, Comunidad Valenciana 46, Extremadura 12, Galicia 46, Madrid 45, Murcia 15, La Rioja 4, Ceuta 3 y Melilla 3.
Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas quienes gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.
Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias autonómicas. Las convocatorias van destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social de las personas en situación de pobreza o exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
En la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos dirigidos a diferentes colectivos: discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia o familia.
El Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y el SAAD de 18 de junio de 2021 establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20% de la recaudación y un tramo autonómico con el 80% de la recaudación, que se transfiere a las comunidades de régimen común para que publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.
El acuerdo inicial tenía una vigencia de cinco años, que expiraba en junio de 2026. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consiguió una prórroga por dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028, que incluye la ejecución de los programas en el año 2029.
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