Detenido por el vertido ilegal de 830 metros cuadrados de mascarillas caducadas en Valdemoro
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han detenido al administrador de una empresa por deshacerse de mascarillas caducadas en vertidos ilegales en Valdemoro y Vicálvaro.
La Comandancia de la Guardia Civil informó que las investigaciones comenzaron el 10 de mayo tras un informe de la Policía Local de Valdemoro sobre el vertido ilegal en tres puntos de la localidad, donde se encontraron numerosos envases de mascarillas quirúrgicas y FFP2 caducadas, sin usar y numeradas por lotes.
El 11 de mayo, la Policía Local de Pinto identificó al conductor de una furgoneta que transportaba una gran cantidad de mascarillas quirúrgicas sin usar, coincidiendo la numeración de los lotes con las mascarillas encontradas en Valdemoro. El 15 de mayo, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid localizó dos puntos más de vertido en el Distrito de Vicálvaro, también coincidentes con la numeración de los lotes de Valdemoro.
Las investigaciones revelaron que una empresa madrileña había adquirido más de seis millones de mascarillas de otras dos empresas importadoras, una de Madrid y otra de Logroño, sin acreditar la venta o el destino final de las mismas. Tras las inspecciones, se inmovilizaron 4.173.502 mascarillas y 123.500 test rápidos de antígenos en una nave en Illescas (Toledo), coincidiendo los números de lote con las mascarillas encontradas en Valdemoro y Vicálvaro.
Además, se localizaron contenedores marítimos en una finca en Pinto, donde se almacenaban los envases de mascarillas caducadas antes de ser depositadas en los vertidos ilegales en Valdemoro y Vicálvaro. Este procedimiento permitía al responsable ahorrar en los costes de almacenamiento y gestión legal de los residuos.
La operación culminó con la detención del administrador de la empresa y la investigación del conductor de la furgoneta que transportaba las mascarillas desde los contenedores a los diferentes puntos de vertido. Ambos enfrentan cargos por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente debido a los vertidos y al riesgo de incendio que podrían haber ocasionado.
