La Comunidad ordena cerrar durante dos años la residencia Santa Josefina de Navas del Rey por graves deficiencias
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha notificado este lunes la resolución sancionadora que decreta el cierre durante dos años de la residencia privada Santa Josefina, situada en Navas del Rey, e impone además una multa de 100.000 euros por infracciones graves en la atención a personas mayores. La medida se produce tras una investigación motivada por las alarmantes imágenes difundidas a mediados de mayo que revelaban condiciones de insalubridad y posible maltrato a los residentes.
El cierre se hará efectivo en los próximos días, una vez se verifique que los 21 mayores que aún permanecen en el centro —de los 34 que llegaron a residir— disponen de una alternativa adecuada. Aquellos sin solución familiar o privada serán derivados a recursos públicos de la red de atención social de la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes de la Consejería.
Imágenes reveladoras y condiciones indignasLa decisión administrativa tiene como origen el reportaje emitido por Antena 3, en el que se mostraban imágenes del interior del centro evidenciando suciedad acumulada, mobiliario deteriorado, cables eléctricos expuestos y alimentos en mal estado. Los testimonios recogidos por el medio hablaban incluso de un brote de sarna, la presencia de comida caducada y lesiones visibles en algunos residentes, como ronchas, moratones y picaduras, en lo que podría constituir un caso de negligencia continuada y desprotección.
Tras la emisión del reportaje, la Consejería dirigida por Ana Dávila anunció de inmediato una inspección extraordinaria y la apertura del correspondiente expediente sancionador, cuya resolución ha sido ahora formalmente comunicada a los responsables del centro.
La residencia Santa Josefina, gestionada de forma privada, no ha querido ofrecer declaraciones a los medios tras la sanción. El silencio de los responsables, unido a la gravedad de las deficiencias detectadas, ha aumentado el malestar entre los familiares de los residentes, muchos de los cuales exigen ahora una investigación penal que depure responsabilidades más allá de las administrativas.
Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que la protección de las personas mayores es prioritaria y que no se tolerarán incumplimientos de la normativa vigente por parte de los operadores del sector.
