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La oposición de Móstoles exige la dimisión del alcalde por crear una "crisis institucional"
La oposición municipal en bloque en el Ayuntamiento de Móstoles —PSOE, Más Madrid, VOX y Podemos— ha reclamado la dimisión del alcalde, Manuel Bautista, tras la querella presentada por una exedil del Partido Popular por presunto acoso laboral y sexual. Los grupos consideran que la gravedad de las acusaciones ha generado una “crisis institucional” que exige “ejemplaridad” política y garantías para preservar la imagen del Consistorio.
El Pleno extraordinario fue forzado por la oposición después de que trascendieran las denuncias y su traslado a los tribunales. La exconcejala formalizó la pasada semana una querella ante el Tribunal de Instancia del municipio contra el regidor y contra el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
El Grupo Socialista sostuvo que el caso ha situado a la ciudad “en el epicentro” de un presunto escándalo y acusó al PP de anteponer la protección del partido al esclarecimiento de los hechos. La edil Susana López afirmó que lo “más aberrante” ha sido, a su juicio, la falta de protección a la denunciante. Los socialistas también criticaron los recortes en políticas de Igualdad y advirtieron del desgaste institucional que puede acarrear la situación.
Más Madrid centró sus reproches en el tratamiento que recibió la exconcejala dentro de la organización. Su portavoz, Ana Tejero, denunció que tras meses solicitando amparo interno no fue escuchada ni informada del archivo del expediente y calificó el procedimiento de “chufla”. También cuestionó el papel de los órganos internos del partido y pidió la dimisión del alcalde “por el bien de la institución”.
Desde Vox, la portavoz Nieva Machín diferenció entre presunción de inocencia y responsabilidad política, defendiendo que se trata de “planos diferentes”, y reclamó a Bautista que dé un “paso al lado” para proteger la dignidad del Ayuntamiento. La formación sostuvo que la crisis ha deteriorado la credibilidad institucional y ha trascendido el ámbito local.
Podemos insistió en que la responsabilidad política no requiere condena judicial, sino ejemplaridad. Su portavoz, Mónica Monterreal, subrayó que la existencia de una querella por presunto acoso sexual y laboral, entre otros delitos, obliga a garantizar la protección de las posibles víctimas. También criticó el silencio del área de Igualdad y cuestionó las declaraciones públicas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que minimizaban el caso.
El único edil que no se sumó a la petición de dimisión fue Daniel Martín, exconcejal de Vox que actualmente figura como no adscrito, quien cerró filas con el alcalde.
El origen de la controversia se sitúa a principios de mes, cuando el diario El País publicó una información sobre el presunto acoso. El alcalde defendió entonces su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato que “no se corresponde con la realidad”.
La información periodística también aludía al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP, Ana Millán, por su papel en la gestión interna de la denuncia. Desde el PP de Madrid se defendió que se actuó correctamente y que la instrucción interna no reveló pruebas de acoso. La dirección nacional sostuvo que el expediente abierto en 2024 fue archivado en abril de 2025 al no considerarse probada la conducta denunciada.
El Ejecutivo regional difundió asimismo correos electrónicos enviados por la exedil a la presidenta autonómica en los que se mencionaba una situación de “discriminación laboral”, sin referencia inicial a un presunto acoso sexual, que sería incorporado más adelante a través de su representación legal.
La oposición también criticó que no se permitiera el acceso al Pleno a diputadas de la Asamblea de Madrid que acudieron en apoyo de sus compañeros, alegándose problemas de aforo. En este clima de tensión política y judicial, el Ayuntamiento afronta una situación de notable desgaste mientras el procedimiento sigue su curso en los tribunales.
