El Ayuntamiento de Móstoles acoge desde las 10.00 horas de este martes un Pleno extraordinario, solicitado por la oposición, con un único punto en el orden del día: que el alcalde, Manuel Bautista, del Partido Popular, dé explicaciones públicas sobre las acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas por una exconcejal del Consistorio.
La convocatoria llega después de que el diario El País publicara a principios de mes una información sobre un presunto acoso atribuido al regidor. Desde entonces, Más Madrid, PSOE y VOX han reclamado su cese. Bautista ha defendido su presunción de inocencia y ha asegurado que se ha construido un relato que, según sostiene, no se corresponde con la realidad.
La información periodística situaba también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del partido, Ana Millán. De ambos se recogían manifestaciones realizadas en reuniones mantenidas con la exedil tras la denuncia interna presentada en el ámbito orgánico.
Desde el PP madrileño han defendido que la formación actuó de manera correcta y que la instrucción interna no reveló pruebas que acreditaran el acoso. A nivel nacional, el partido explicó que en 2024 se abrió un expediente informativo que quedó archivado en abril de 2025 al no considerarse probada la conducta denunciada.
La oposición también ha dirigido sus críticas hacia la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien reprochan no haber recibido a la exconcejala. Desde el Ejecutivo autonómico difundieron nueve correos electrónicos enviados por la edil a la presidenta en los que se alude a una supuesta “discriminación laboral”, sin mención expresa a un presunto acoso sexual hasta meses después, ya a través de su abogado.
La semana pasada, el letrado de la exedil formalizó una querella ante el Tribunal de Instancia de Móstoles contra el alcalde y contra el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
En el escrito, el abogado denunciaba la supuesta omisión y posterior fracaso de los mecanismos internos de protección, así como la ausencia de respuesta institucional por parte del partido. Sostenía además que el silencio ante un eventual abuso de poder puede constituir una forma de revictimización y advertía de que la falta de adecuada implantación de protocolos frente al acoso podría generar responsabilidad penal directa de las personas jurídicas por hechos ocurridos en el seno de sus organizaciones.