El Escorial impugna ante el Supremo la nulidad de Montencinar

El Ayuntamiento de El Escorial ha decidido interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló la reparcelación del PERI 3 de Montencinar, desafiando las críticas de los grupos de oposición que demandaban una salida negociada con los propietarios afectados.

La decisión del equipo de Gobierno municipal (PP) se produce tras reunirse con las tres asociaciones vecinales de la urbanización. La concejala de Urbanismo, Soledad del Valle, ha argumentado que el Consistorio cuenta con "motivos de peso y amparo previo" para elevar el caso al Supremo, recordando que desde 2020 se han interpuesto seis recursos contra el proyecto aprobado en 2019 y que los tribunales se han pronunciado en nueve ocasiones a favor de las tesis municipales, frente a una única sentencia en contra.

El TSJM anuló el instrumento de reparcelación al constatar irregularidades de fondo en el reparto económico de las cargas. El tribunal determinó que el Ayuntamiento valoró el sector como suelo sin construir o en ruina, ignorando que más del 70 % de las parcelas cuentan con viviendas consolidadas que disponen de licencias de hace medio siglo. Además, rechazó la intención municipal de indemnizar a ciertos propietarios por pérdidas de edificabilidad derivadas del Plan Especial de 2010 a costa de las cuotas del resto de residentes.

Tras el fallo judicial, la Asociación de Propietarios denunció sobrecostes de hasta 23,5 millones de euros imputados indebidamente a las familias y solicitó la reprobación del alcalde. El PSOE advirtió de que elevar el proceso al Supremo demorará la dotación de servicios básicos esenciales —alcantarillado y asfaltado— entre dos y tres años más, reclamando una mesa de diálogo.

Más Madrid y Unidas El Escorial afean al Ejecutivo local una "batalla judicial" contra el vecindario, mientras Hacer El Escorial exige poner fin a la incertidumbre técnica del ámbito. A pesar de estas presiones, el Ayuntamiento ha confirmado su propósito de mantener la batalla legal.

La formalización del recurso mantendrá congelada la licitación del proyecto de urbanización por falta de seguridad jurídica hasta que el Supremo dirima sobre su admisión a trámite y emita sentencia. El Consistorio asume los gastos técnicos y administrativos generados hasta el momento en esta disputa que se remonta a 2020.