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Pozuelo ordena el cierre del centro de refugiados por carecer de licencia y da cuatro meses para su desalojo
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha resuelto declarar el cese definitivo de la actividad del centro de refugiados instalado por el Gobierno central en la localidad, tras desestimar tanto las alegaciones como el recurso de reposición presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La resolución, adoptada en cumplimiento estricto de la legalidad urbanística municipal, se produce tras constatar que el centro operaba sin la correspondiente licencia y con una ocupación siete veces superior a la autorizada.
La única licencia en vigor para ese inmueble data de 2013 y corresponde a un proyecto de la Tesorería General de la Seguridad Social para cursos de formación con hospedaje limitado a 150 plazas. No obstante, la propia documentación aportada por el Ministerio reconoce que desde julio se estaba utilizando para acoger a más de 560 personas, incluidos menores inmigrantes no acompañados, lo que supone un uso totalmente ajeno a lo autorizado y que, según el Consistorio, vulnera de forma directa las normas urbanísticas vigentes.
Ante esta situación, el Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Paloma Tejero, ha dado al Ejecutivo central un plazo excepcional de cuatro meses para proceder al realojo de las más de 400 personas que, según los últimos datos oficiales, se encuentran actualmente en el centro. Este plazo duplica el periodo medio de estancia reconocido por el propio Ministerio. Durante ese tiempo no podrá producirse la entrada de nuevos residentes, y de incumplirse esta condición, el centro será clausurado de forma inmediata.
El Ayuntamiento también ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno central, señalando que los técnicos municipales no pudieron acceder al centro en la inspección realizada el pasado 29 de julio, ya que tanto la entidad gestora como el propio Ministerio impidieron su entrada. A pesar de ello, en su recurso, el Ejecutivo admite la existencia de cientos de personas alojadas sin las condiciones mínimas requeridas por la normativa municipal, sin que haya justificado el ejercicio de una actividad claramente no autorizada.
El Consistorio recuerda que el Gobierno tuvo hasta finales de agosto para solicitar una nueva licencia de actividad conforme al uso real del centro, pero no lo hizo. En este sentido, la alcaldesa Paloma Tejero ha lamentado que el Ejecutivo haya intentado transformar sin autorización un centro formativo en una instalación de acogida masiva, saltándose los cauces legales y actuando de espaldas a los vecinos del municipio. Además, ha subrayado que esta actuación irresponsable no solo atenta contra la legalidad, sino que genera un problema de convivencia y de gestión social que debe afrontarse con rigor institucional y respeto a las competencias locales.
