El Ayuntamiento de Alcalá de Henares da luz verde a una moción para impedir la entrada a instalaciones municipales cuando se oculte el rostro de forma integral, como ocurre con el niqab o el burka.
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes una moción presentada por VOX que plantea prohibir el acceso a dependencias municipales cuando se oculte el rostro de manera integral, como sucede con prendas como el niqab o el burka.
La propuesta ha contado con el respaldo del Gobierno municipal presidido por la alcaldesa Judith Piquet (PP) y se enmarca en las competencias de los ayuntamientos para "regular el funcionamiento interno de sus instalaciones y garantizar la seguridad jurídica y administrativa en los servicios públicos", según han señalado fuentes municipales.
La regulación establece que, para acceder a las dependencias municipales, debe ser posible identificar visualmente el rostro cuando resulte necesario con el fin de comprobar la identidad. El objetivo es prevenir suplantaciones, proteger datos personales y reforzar la seguridad de usuarios y empleados públicos.
El acuerdo no alude a ninguna confesión específica ni se apoya en planteamientos ideológicos o culturales. Se fundamenta en la imposibilidad de permitir la entrada cuando exista una ocultación integral o sustancial del rostro, con independencia del origen o significado de la prenda utilizada. La norma excluye los casos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral.
La medida circunscribe su aplicación exclusivamente a las dependencias municipales y no se extiende a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento no dispone de competencias para imponer restricciones generales en materia de vestimenta.
El acuerdo se apoya en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconocen las potestades municipales en materia de autoorganización, seguridad y gestión de instalaciones públicas.
Desde el Gobierno local han precisado que la norma deberá concretarse a través de un reglamento o disposición interna que elaborarán los servicios jurídicos municipales para su aplicación efectiva.
Asimismo, han defendido que la regulación responde a criterios de objetividad y neutralidad administrativa y que su finalidad es "garantizar el normal desenvolvimiento del servicio público, la igualdad en el acceso y la seguridad jurídica en los trámites presenciales". El texto aprobado será objeto de la correspondiente publicidad en los accesos y dependencias municipales.
"Con esta medida, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento de las instituciones locales al servicio de todos los vecinos de Alcalá de Henares", han trasladado.