El Gobierno prepara nuevas reglas para los centros de datos

El Gobierno mantiene conversaciones con el sector para concretar requisitos ambientales y de soberanía digital que afectarán a centros de más de 1 megavatio.

El Gobierno mantiene negociaciones con el sector tecnológico para concretar las condiciones del futuro real decreto sobre centros de datos, sin que considere que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital vayan a perjudicar la llegada de inversiones a España.

Fuentes del Gobierno han explicado este lunes que las conversaciones con el sector, que tienen lugar en el marco del trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto, se centran en ultimar los detalles de una norma que exigirá que los centros de datos de mayor tamaño respalden con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico.

El objetivo es alcanzar un acuerdo razonable para todas las partes, en un contexto en el que las compañías han venido defendiendo que sus proyectos son sostenibles y garantizan la soberanía de sus operaciones y datos.

Regulación sin moratoria

El Ejecutivo ha defendido que la regulación no supondrá una moratoria para los nuevos proyectos, que podrán continuar su tramitación si cumplen los estándares establecidos. Los requisitos afectarán a las instalaciones de más de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica, por su mayor incidencia sobre la red, el territorio y los recursos hídricos.

La propuesta prevé que cada nuevo MW de consumo se asocie a un MW de generación renovable adicional instalado en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).

Expectativa de inversión y especulación

Las previsiones nacionales apuntan a unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030, mientras que desde 2021 se han preconcedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red para centros de datos. El Gobierno considera que esta diferencia refleja la elevada expectativa generada alrededor del sector y la competencia por la capacidad eléctrica disponible.

El decreto buscará limitar el componente especulativo en la reserva y posible reventa de los derechos de acceso, así como garantizar que los proyectos que avancen generen empleo y actividad con el menor impacto posible.

Posicionamiento de España

El Ejecutivo sostiene que España está bien posicionada para captar estas inversiones por su disponibilidad de energía renovable, sus precios eléctricos y su conectividad, si bien entiende que el crecimiento del sector debe ordenarse antes de que pueda tensionar la red.

Se ha puesto como ejemplo el caso de Irlanda, donde informes apuntan a que los centros de datos podrían llegar a concentrar hasta el 32% de la demanda eléctrica, así como el de determinados estados de Estados Unidos, donde ese porcentaje supera el 25%. También se han citado las restricciones aplicadas en Países Bajos.

Requisitos adicionales de eficiencia y soberanía

La propuesta incluye, además, obligaciones de eficiencia energética e hídrica y requisitos de soberanía digital, como que la operación del centro y los datos vinculados a ella permanezcan bajo jurisdicción de la Unión Europea.