La Conferencia Episcopal rechaza apoyar las terapias de conversión en su acción pastoral
El Ministerio de Igualdad ha confirmado que trabaja en un informe para estudiar la modificación del Código Penal y convertir en delito las denominadas terapias de conversión. Este anuncio se produce tras la reunión mantenida este miércoles entre la ministra Ana Redondo y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, donde se trataron temas relacionados con la igualdad y la discriminación.
La reunión, que se prolongó durante casi hora y media, fue solicitada por la propia ministra tras recibir la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia'. Esta denuncia señala que al menos siete diócesis en España habrían impartido cursos de conversión sexual dirigidos a personas LGTBI+.
En un comunicado posterior, el Ministerio de Igualdad expresó su rechazo a estas prácticas, mientras que Argüello calificó el término "terapias de conversión" como una expresión "imprecisa, amplia y no científica", subrayando que la Iglesia Católica "no apoya este tipo de prácticas" ni las incluye en su acción pastoral.
El presidente de la CEE también defendió que el proyecto 'Transformados', señalado en la denuncia, no debe considerarse una terapia de conversión, sino una invitación a la "conversión a Cristo y a la vida que propone el Evangelio", ofrecida a cualquier persona.
Por su parte, Redondo reiteró el compromiso de Igualdad en garantizar que estas prácticas desaparezcan por ser consideradas discriminatorias y contrarias a los derechos fundamentales.
Otro de los temas tratados fue el supuesto rechazo de la Iglesia a otorgar la comunión a personas homosexuales casadas, una práctica que Redondo calificó como un "acto discriminatorio". Argüello respondió asegurando que "en la Iglesia católica no existe discriminación", ya que la norma básica para recibir la comunión se basa en "estar en gracia de Dios", sin importar la orientación sexual.
Además, la ministra insistió en la necesidad de reforzar el respeto hacia las mujeres dentro de la Iglesia y en combatir la violencia machista, señalando que estas medidas son un "imperativo constitucional". Argüello destacó la importancia de los principios de libertad e igualdad dentro de la sociedad, subrayando que la Iglesia comparte estos valores.
