El Gobierno lucha por acabar con el “acoso comercial telefónico”
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato anunció este martes la propuesta a las empresas de telecomunicaciones que habiliten un sistema para que en la misma llamada que realizan la oferta comercial permitan que el consumidor pueda decir que no desea recibir más llamadas. Así lo ha asegurado en el Pleno del Senado, en respuesta a Javier Yanguas del Grupo Mixto.
La ministra ha afirmado que el Gobierno es consciente de que hay "un creciente malestar ciudadano por el aumento de algunas llamadas comerciales" que no respetan los derechos de los consumidores, "cayendo en lo que podría calificarse como acoso telefónico". Por ello, se propone establecer las suficientes garantías de que en todo momento se respete la intimidad de las personas y de forma muy especial de los menores y adolescentes.
En concreto, ha recordado que "el consumidor que celebre un contrato a distancia por teléfono sólo quedará vinculado una vez haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, en papel o mediante correo electrónico, fax o sms". Con este requisito se pretende que, de esta manera, se produzca una disminución de este tipo de llamadas.
El Gobierno pretende obligar a las empresas a preguntar al usuario si quiere seguir recibiendo llamadas, y esa respuesta quedaría grabada para que así quedase constancia de la decisión del consumidor. Por tanto, la ley no prohibirá la primera llamada, pero si una segunda si el ciudadano se niega a recibirla.
La ministra asegura que hay un creciente malestar ciudadano por el aumento de algunas llamadas comerciales que no respetan los derechos de los consumidores, llegando a lo que ha denominado "acoso telefónico". Por eso ha concluido su información asegurando que "por encima de todo están los derechos de los ciudadanos".
En definitiva, esta nueva propuesta se suma a otras medidas que el Gobierno ya ha tomado para proteger a los consumidores, articuladas a través del Proyecto de Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado hace diez días.
