¿Se merecen seguir donde están?

¿Quién asesoró o con quién preparó María Jesús Montero el debate electoral en el que afirmó que la muerte de dos guardias civiles que perseguían a narcotraficantes había sido "un accidente laboral"?

¿Quién aconsejó a Florentino Pérez hacer esa rueda de prensa delirante y absurda? Porque si alguien les aconsejó eso deberían haber sido cesados al minuto siguiente. Y si fueron ellos solos, con sus conocimientos y su experiencia, entonces es una demostración evidente de cómo se puede perder en dos horas o en dos segundos el poco o mucho prestigio logrado en sus carreras y convertir la experiencia y la supuesta idoneidad para el cargo en un ridículo mayúsculo.

El Real Madrid es una empresa "de sus socios", con repercusión mundial, que dirige como le viene en gana su presidente. A sus socios les toca respaldar o mandar a casa a su presidente. El destrozo de su imagen es sólo responsabilidad suya. María Jesús Montero ha ocupado tantos cargos públicos y tan importantes como la vicepresidencia del Gobierno y es ahora la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, enviada, eso sí al Matadero por el Presidente Sánchez, alguien que tampoco se somete al control democrático de sus actos en el Parlamento. Como Florentino, aunque éste ha convocado elecciones. A Sánchez ni se le ocurre.

Pero no quiero insistir sobre eso. Lo que me preocupa es quién y cómo se elige a quienes dirigen entidades y organismos de la Administración Pública que afectan profundamente a la vida de los ciudadanos y que pagamos todos. A los políticos les votamos en unas elecciones, pero ellos eligen a miles de altos cargos para los Ministerios y para ser gestores o consejeros de las empresas públicas. También eligen a los responsables de organismos públicos, de control, y hasta de autoridades o poderes "independientes" como el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la AIREF , el CIS, RTVE, la agencia EFE, la SEPI, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

Hay una ley de 2015 y otra anterior de 1997 que exigen idoneidad (formación, competencia y experiencia profesional adecuada para el puesto), honorabilidad (no haber sido condenado o estar inhabilitado) y en algunos cargos, como el de subsecretario o director general, ser funcionarios de carrera con titulación superior. Los nombramientos son discrecionales, pero exigen controles que garanticen todo lo anterior. También se exige la entrega de una declaración de actividades y bienes patrimoniales y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades tras el cese. Si en el caso de los ministros o secretarios de Estado, la confianza política puede ser el criterio determinante, en el resto, sobre todo en los que no es "gobierno", los méritos, la experiencia y la independencia deberían ser un criterio fundamental, exigible y controlado. Pero los Gobiernos de turno lo hacen de forma sectaria, sin cumplir la ley, sin motivar en la mayoría de los casos, esos nombramientos y sin transparencia porque así pagan los servicios prestados o buscan el control políticos de esos organismos o empresas.

La Fundación Hay Derecho, ejemplar en su trabajo como parte de la sociedad civil, acaba de publicar un "Dedómetro" sobre los consejeros de la SEPI y sus sociedades participadas. No sólo públicas porque ahí juegan también empresas como Telefónica, Indra y otras en las que el Estado participa minoritariamente,, pero en las que el Gobierno, a través de la SEPI, tiene la capacidad o se la arroga, de nombrar y destituir presidentes y de hacerlo no en sus Juntas de Accionistas o en sus consejos de administración, sino en el propio edificio de La Moncloa.

Lo de los consejeros de las empresas participadas por la SEPI, como se denuncia en el Dedómetro, es un escándalo de proporciones mayúsculas. Con ligeras excepciones, su independencia polìtica apenas llega al 50 por ciento de los consejeros, su formación es escasa y desciende con los años y su capacidad de gestión y su experiencia profesional en la materia no alcanza el aprobado. La mayoría no está ahí por lo que aporta sino por lo que controla y/o obedece. Eso sí, los salarios se mueven en una banda entre los 120.000 y los 546.000 euros que cobra la presidenta de Red Eléctrica, una registradora de la propiedad que ni siquiera ha asumido su responsabilidad en el gran apagón. Ninguno de los presidentes de Redeia, antes Red Eléctrica, tenían conocimientos ni experiencia en el sector. Para qué. En sus años de Gobierno, el PP lo ha hecho mal, el PSOE, también Y en los mas recientes, basta decir que a una alta autoridad del Estado la declararon idónea -como se explica en la motivación oficial de su designación- porque ella misma declaró que era independiente y porque la SEPI lo corroboró. Y, luego, está Koldo, consejero en dos empresas públicas. Por sus méritos profesionales, su idoneidad, su experiencia y sus conocimientos. Sin duda.

Y todo eso nos lo tragamos y lo pagamos los contribuyentes, Lo denuncia una Fundación sin ánimo de lucro como Hay Derecho, pero debería estar en los tribunales y bien regulado y controlado.

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