Opacidad total

Madrid 16 May.

La gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno español ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un problema político de primera magnitud. Lo que nació como una oportunidad histórica para modernizar la economía tras la pandemia amenaza ahora con convertirse en un ejemplo de opacidad, improvisación y falta de control. El último escándalo ha elevado aún más la preocupación en Bruselas. Después de conocerse que más de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation se habrían destinado a financiar gasto corriente, como pensiones o el Ingreso Mínimo Vital, ahora surgen dudas sobre si también pudieron utilizarse para contratos relacionados con Huawei, una compañía bajo permanente escrutinio por motivos de seguridad estratégica.

La inquietud ya no se limita a la oposición española. Alemania y Países Bajos han expresado reservas sobre el modo en que España está ejecutando las ayudas comunitarias, mientras que el Parlamento Europeo comienza a exigir explicaciones más contundentes. El presidente de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara ha reclamado "total claridad" tras destaparse el uso de fondos concebidos para inversiones y reformas estructurales en partidas ordinarias del Estado. El problema de fondo es doble. Por un lado, la baja capacidad de ejecución. Según los últimos datos de Eurostat, España es el séptimo peor país de toda la Unión Europea en utilización efectiva de estos recursos, con apenas un 42,8% ejecutado. Por otro, la ausencia de una planificación presupuestaria seria y actualizada. España continúa "funcionando" con unos Presupuestos Generales elaborados en 2022, una anomalía democrática que erosiona el control parlamentario del gasto público. Mientras tanto, el Ejecutivo ha convertido las modificaciones de crédito en una herramienta habitual para sortear la falta de nuevas cuentas públicas y seguir incrementando el gasto sin el debido debate en las Cortes.

El recurso sistemático a este mecanismo refleja una preocupante falta de disciplina presupuestaria. Según datos de la Intervención General del Estado, solo en 2025 se gastaron más de 75.000 millones de euros mediante modificaciones de crédito. Es decir, al margen del control parlamentario bajo normas que se aprobaron en la pandemia. Los fondos europeos exigían precisamente lo contrario: rigor, transparencia y reformas verificables. Bruselas no diseñó el programa Next Generation para tapar agujeros presupuestarios ni para financiar gasto estructural del Estado. Su objetivo era impulsar la transformación económica, mejorar la competitividad y preparar a los países miembros para los desafíos futuros. El riesgo es evidente: se erosiona la credibilidad y la confianza de nuestros socios. Cuando el dinero público deja de estar sometido al escrutinio parlamentario ordinario, la transparencia deja de ser una garantía y estamos hablando de centenares de miles de millones.

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