Los "nuevos" sindicatos

MADRID 11 Oct.

Un sindicato que no es un sindicato, pero que se denomina sindicato y que ha demostrado una gran capacidad de convocatoria de protestas, okupa la Puerta del Sol y convoca a una huelga general, para lo que no está legitimado, para que lo hagan unos sindicatos que sí lo están, pero que llevan ocho años sometidos al Gobierno, sin criticar ni la corrupción, la falta de vivienda, la carestía de la cesta de la compra ni ninguna de las otras tropelías de las que es responsable directo el Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco por la amenaza de la IA sobre el mercado de trabajo. No convocaban una huelga general desde 2012, con Mariano Rajoy en el poder. Una huelga general que, además, no va contra el Gobierno, contra los "fondos buitre", sino contra la oposición, como han dicho el presidente del Gobierno y su jefa de campaña electoral, una hooligan llamada María Jesús Montero a la que Pedro Sánchez rescata de su inanidad en Andalucía para que azuce a la oposición. Eso lo dice el Gobierno, pero los sindicatos no se han apresurado a desmentirlo. Ni piensan hacerlo. El líder de CCOO ha dicho que la huelga es por los salarios y la vivienda "contra todo el que se sienta aludido". También ha dicho que los autónomos "ganan mucho dinero". Manda carallo, que diría un gallego.

Estoy convencido de que los sindicatos son necesarios y que si no existieran habría que inventarlos. Para defender a los trabajadores. Para exigir de los poderes públicos y de las empresas medidas que garanticen seguridad, estabilidad, salarios y jubilaciones justas y dignas o el respeto a los derechos de los trabajadores y para luchar contra la explotación y el abuso de quienes los contratan allá donde se produzcan. Los sindicatos son necesarios. Sobre los actuales tengo bastantes dudas. Ya he dicho que durante los últimos ocho años no han hecho ninguna protesta contra el Gobierno de Sánchez y mira que tenían razones para hacerlo. Han seguido el juego a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha roto el diálogo social y ha pactado casi todo lo que ha aprobado sólo con los sindicatos excluyendo a los empresarios. Lo saben los trabajadores: en 26 años, la afiliación a los sindicatos ha pasado de un 15-16,6 por ciento a un 12-13 por ciento (un 30 por ciento en la Italia de Meloni y una de las más bajas de Europa) y han perdido mucho peso entre los más jóvenes. Un 66 por ciento de los trabajadores no se ha afiliado nunca. Los datos son de los propios sindicatos porque en España no hay un registro de afiliación sindical como sí se reclama en otros casos.

Lo que sí ha evolucionado es el dinero que los sindicatos perciben del Gobierno y del resto de las Administraciones públicas. A nivel nacional, se ha pasado en subvenciones directas de 8,8 millones en los tiempos de Rajoy a los 32 de Pedro Sánchez, un 260 por ciento más. Pero si se suma todo lo que reciben por distintos conceptos de todas las Administraciones Públicas la cifra, según The Objective, llega entre 2018 y 2025 a los 569 millones, algo más de 318 a UGT y 250 a Comisiones Obreras. Eso sin contar lo que suponen los edificios de titularidad estatal cedidos a los sindicatos que, como los pisos de 14 ministros, son gratuitos. O los liberados sindicales, que son más un cáncer que un apoyo a los trabajadores. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue de 1990 a 2016, secretario general de UGT en Cataluña y desde esa última fecha hasta hoy, secretario general nacional. Con unos años más al frente de la Federación del Metal vasca, cerca de cincuenta años dedicados en exclusiva al sindicalismo. Unai Sordo, su homónimo en Comisiones fue elegido secretario general de Comisiones en el País Vasco en 2009 y desde 2017 manda en Comisiones Obreras España.

Los sindicatos son imprescindibles en una democracia pero no pueden ser sindicatos contra la oposición. Ya se llevaron el 1º de Mayo, cada año más desvirtuado, a Málaga para protestar contra Juanma Moreno en la campaña andaluza y ahora con la huelga general -de la que se han desmarcado CSIF y USO- sólo parece que quieran ser el pararrayos del Gobierno y ayudarle en la campaña. Sentarse cómodamente en la mesa del poder y seguir sus consignas sólo es posible si se renuncia a la defensa de la clase trabajadora.

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