El (mal) estado de la Justicia

Dos de los más importantes periódicos españoles, El País y La Vanguardia, y el CIS de Tezanos han publicado encuestas sobre lo que los ciudadanos piensan sobre la Justicia en España y, casualmente, coinciden los tres no sólo en su inquietud temporal sino en la conclusión: la mayoría de los ciudadanos consideran que el lawfare (la utilización abusiva de la justicia para desacreditar, inhabilitar o destruir la imagen pública de un adversario político con la complicidad de los jueces) es el gran problema de la justicia en nuestro país. Hay que felicitarse, en primer lugar, por la alta cultura jurídica de los españoles que saben definir sin duda alguna lo que el término lawfare significa e identificar que se practica a destajo.

Esas encuestas contradicen significativamente la gran mayoría de las hechas en los últimos años, que dicen que la justicia en España es lenta, está colapsada, carece de los medios personales y materiales suficientes, es muchas veces impredecible y, sobre todo, está politizada en sus órganos de Gobierno porque los políticos, de uno u otros signo tratan de controlarla, pero, también, que la inmensa mayoría de los jueces son imparciales e independientes. Y contradice una reciente encuesta de la OCDE en 35 países que señala que los españoles confían más en los jueces, el ejército y la policía que en el Gobierno y en los partidos.

¿Nos sorprendemos? ¿Es la justicia un poder sin controles que actúa por razones políticas? ¿Hay lawfare en la justicia? Ciertamente, no. Lo que hay, realmente, es un poder político, cercado por la corrupción -más de 120 investigados, de momento y algunos ya condenados-, que ha perdido el respeto a la justicia y que trata de controlar y someter el poder judicial y de inocular la desconfianza en la ciudadanía para defenderse, mantenerse en el poder y no asumir la responsabilidad de sus actos. Los jueces, hoy, no son un peligro sino la última línea de defensa del Estado de Derecho y de la democracia ante unos comportamientos políticos populistas, anticonstitucionales y corruptos y que, desde el propio Gobierno y los partidos que lo sostienen, están recibiendo ataques, insultos y presiones que violan y amenazan claramente la separación de poderes. Incluso en el caso de que haya algunos comportamientos judiciales dudosos -y el sistema tiene garantías de que pueden ser corregidos-, el ataque permanente, las acusaciones de prevaricación y la persecución a algunos jueces es claramente antidemocrática.

Si quieren hablar de los problemas de la Justicia en España hoy, podemos hacerlo no sólo de las presiones a los jueces sino del intento de controlar sus principales órganos de gobierno o de deslegitimar otros, como el propio Tribunal Supremo. En breve hablaremos de la renovación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -en el plazo de un año dejarán la Sala seis de sus quince magistrados- y ya verán los que es la guerra por su control. O de la elección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para la que el ministro Bolaños se ha saltado el consenso y los criterios de Estrasburgo.

Pero también podemos hablar del fracaso de las leyes del propio ministro Bolaños, como la de eficiencia judicial que ha logrado todo lo contrario: aumentar la burocracia y colapsar juzgados y tribunales; de la aplicación obligatoria de los MASC (métodos alternativos de solución de conflictos) que han logrado enlentecer los procesos, hacerlos más caros y provocar inseguridad jurídica; o de la falta de medios materiales y personales -hay cinco mil plazas pendientes de adjudicar- y de la negativa del Ministerio a mantener medidas de apoyo y refuerzo en más de sesenta juzgados de toda España, denunciada por el Consejo General del Poder Judicial. Y, por último, algo que afecta a los ciudadanos con menos recursos: el deterioro de la justicia gratuita -"la mayor inversión en paz social", que decía Carlos Carnicer- que sólo se sostiene por el sacrificio permanente de los abogados de oficio, cuya retribución por caso o por guardia de veinticuatro horas es indigna.

Muchos de ellos, hartos ya de la falta de atención, han empezado a darse de baja y hay muchas ciudades y comunidades autónomas donde la situación es crítica. Así que, menos ruido de encuestas y más rigor y trabajo para solucionar los problemas reales de la justicia. Lo mejor que pueden hacer los políticos, todos, es quitar su manos de ella. Y si alguien quiere hacer una encuesta real entre los ciudadanos españoles, le sugiero una única pregunta. "¿En quién confía usted más: en los jueces o en el Gobierno, los políticos y los partidos? Y si quieren más madera, podemos preguntar también por la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía General del Estado y en su imparcialidad.

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