El pasado 24 de febrero, Pedro Sánchez anunciaba en el Congreso de los Diputados un plan de 11.000 millones de euros para empresas, Pymes y autónomos. El presidente comparecía para dar cuenta de la evolución de la pandemia en el marco del estado de alarma vigente y después de dos meses sin hacerlo.
Las apariencias no suelen engañar y el anuncio sonó a propaganda pura y dura, algo que se confirmó en los días posteriores.
De hecho, se esperaba que el Consejo de Ministros de ayer martes le diera el visto bueno y no fue así. El Gobierno no consiguió ponerse de acuerdo en quién y cómo se van a recibir esas ayudas. Ni siquiera qué parte del fondo se dedicará a ayudas directas, préstamos participativos o quitas a los préstamos avalados por el ICO. En definitiva, seguimos como estábamos, mientras las empresas y los autónomos siguen desangrándose. Un claro ejemplo de lo tarde y mal que en todo caso llegarían estas ayudas es que sólo entre el comercio y la hostelería están pidiendo a gritos unos 12.500 millones de euros.
En estos momentos, son más de 450.000 las empresas que están en riesgo de insolvencia y decenas de miles de autónomos con el agua al cuello. Y no hay que engañarse, muchos están resistiendo por la moratoria hasta el 14 de marzo de las normas concursales. Cambios que, por cierto, debido al miedo a una avalancha de quiebras, el Gobierno estaría pensando volver a alargar en el tiempo. Retrasar los problemas ha sido la actuación estrella del Ejecutivo. Tanto los pagos a Hacienda, como a la Seguridad Social o el ICO se agolpan, pero los cierres, las restricciones o los aforos siguen ahí matando los ingresos.
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