Luces y sombras de la EPA
La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año ha sido recibida con entusiasmo por el Gobierno.
Sin embargo, las cifras oficiales no reflejan la realidad del mercado laboral español desde que se aprobó la reforma laboral. El principal punto de controversia está en la contabilización de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Tras la reforma, el Ministerio de Trabajo decidió que estas personas, cuando se encuentran en periodos de inactividad, no figuren como paradas pese a estar cobrando prestaciones por desempleo. Este criterio, que no se ajusta a los estándares europeos, ha sido señalado por Eurostat, lo que impide la homologación de los datos con otros países de la Unión Europea.
Según fuentes privadas, en España hay cerca de 800.000 fijos discontinuos inactivos que no aparecen en las cifras oficiales, lo que situaría el número real de parados en alrededor de 3,3 millones, si se suman también los casi 11.000 trabajadores en ERTE. El ministerio dirigido por Yolanda Díaz no publica datos desglosados, a pesar de que hace un año se comprometió a hacerlo.
En cuanto al número de ocupados, que alcanzó un récord de más de 22 millones, tampoco ofrece una imagen exacta. Las propias notas del Ministerio de Trabajo advierten que el número de afiliados "no se corresponde necesariamente con el de trabajadores", ya que se contabilizan todas las relaciones laborales. Esto provoca distorsiones, por ejemplo en sectores como el audiovisual, donde muchos profesionales son dados de alta y baja en cuestión de horas. Además, la EPA revela la fuerte rotación e inestabilidad del empleo al registrarse en el trimestre 1,41 millones de entradas a la ocupación y 957.200 salidas. A ello se suma la estacionalidad. Gran parte de los puestos de trabajo creados lo han sido en el sector servicios, de poco valor añadido. También preocupa la temporalidad, ya que una parte importante del empleo a tiempo completo sigue siendo temporal. Todo ello plantea dudas sobre la calidad y la fiabilidad de las cifras que presenta el Ejecutivo y mes a mes abre el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia en los datos, que permitan conocer la realidad y poder compararla con los europeos.
