Los casos de presunta corrupción que directamente afectan al Gobierno (condena a 24 años del exministro José Luis Ábalos), o indirectamente al PSOE (imputación del ex presidente Rodríguez Zapatero, la de Leire Díez, o el más reciente que agrupa en un hiper sumario a una veintena de responsables en diferente grado y jerarquía de la SEPI), copan las agendas de los tribunales convirtiendo la vida política en un Cafarnaúm que tiende a ser irrespirable.
Que Pedro Sánchez finja que la cosa no le concierne no convence más que a la fracción más cafetera de su parroquia y a las terminales mediáticas afines dispuestas a aplaudir que era para tomarse a risa el resultado de la votación de la semana pasada en la que por mayoría del Congreso le emplazó a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza.
El Gobierno no gobierna, resiste y recurre al decreto ley ante la evidencia de que han perdido la mayoría parlamentaria. Las proclamas del propio Sánchez que secundan algunos de sus ministros más voceros -Óscar López, Óscar Puente- asegurando que van a llegar hasta 2027 y más allá, forman parte de un argumentario de autoayuda destinado a levantar la moral de la militancia que ve que los casos de corrupción están laminando la imagen del PSOE prefigurando una repetición de las sucesivas derrotas sufridas por el partido en los comicios autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía.
El anuncio de que in extremis -tras tres años con los Presupuestos prorrogados- se disponen ahora a presentar un proyecto a sabiendas de que no cuentan con apoyos para aprobarlos está siendo interpretado como una maniobra para que tras ese fracaso anunciado presentarse ante la opinión pública como víctimas y aprovechar la coyuntura para disolver convocando elecciones a finales de este año o principios del que viene, en marzo. Es una posibilidad a la vista de que técnicamente la legislatura está muerta y que cada día que pasa con cada nuevo -o ampliado- caso de corrupción se están abrasando. Atentos.
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