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La regularización, ¿en el aire?
El plazo de admisión de solicitudes para el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno concluyó ayer martes. Una iniciativa de enorme trascendencia social, económica y jurídica que, lejos de suscitar un amplio consenso institucional, ha estado rodeada de dudas desde el primer momento.
La principal no reside únicamente en el volumen de expedientes presentados -cercano al millón, según distintas estimaciones- sino en la forma en que se ha desarrollado todo el procedimiento. Las comunidades autónomas de Aragón y Valencia recurrieron la medida ante el Tribunal Supremo, al considerar que una decisión de semejante alcance no podía adoptarse sin las debidas garantías jurídicas. Ahora el Supremo ha propuesto a las partes, según informa "El Economista", elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre la legalidad del proceso. El Supremo considera que puede afectar al marco europeo de inmigración y asilo.
Es incuestionable que una regularización masiva de extranjeros no es una decisión que afecte exclusivamente a España. Sus consecuencias alcanzan al conjunto del espacio europeo de libre circulación, por lo que numerosos expertos sostienen que debería haberse abordado de manera coordinada con las instituciones comunitarias y con el resto de Estados miembros, conforme a los principios de solidaridad y reparto equitativo. Sin embargo, el Ejecutivo optó por actuar de forma unilateral. Tampoco promovió un debate parlamentario específico que permitiera confrontar argumentos y reforzar la legitimidad política y los efectos económicos de una medida de semejante alcance. A ello se suman las dudas sobre el propio procedimiento administrativo. La Policía Nacional, encargada tradicionalmente de comprobar buena parte de la documentación relativa a extranjería, denunció desde el inicio la falta de efectivos y de medios para afrontar una carga de trabajo sin precedentes. Lejos de reforzar esas unidades especializadas, el Gobierno optó por encomendar parte del examen documental a empresas públicas, una decisión que generó un profundo malestar entre los propios agentes, quienes cuestionaron que dichos organismos dispusieran de la experiencia necesaria para verificar una documentación especialmente sensible.
Las exigencias documentales también han sido objeto de crítica. El procedimiento no ha requerido un contrato de trabajo ni aportar un certificado de antecedentes penales con garantías, requisitos que habrían reforzado el aval del proceso. Además, a las solicitudes ya registradas -veremos cuántas son al final- podrían sumarse familiares por lo que algunos cálculos sitúan en una población potencial de entre 1,5 y 2 millones, muy superior a la inicialmente estimada en medio millón. El Gobierno nos habla únicamente de humanidad, cuando está en juego la seguridad jurídica, la necesaria planificación económica y el consenso institucional. Cuando una medida afecta a la soberanía compartida de la Unión Europea, a los servicios públicos y al futuro demográfico del país, la improvisación o la política de partido nunca debería sustituir a la legalidad, al rigor y menos a crear más incertidumbres que certezas.
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