Al borde del apagón

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear deja poco espacio para la interpretación. La central nuclear de Almaraz está en condiciones de seguir operando hasta 2030 y las empresas propietarias, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han realizado las actuaciones técnicas necesarias para garantizar su funcionamiento con todas las exigencias de seguridad. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno.

La decisión ya no podrá justificarse en razones técnicas. Si el Ejecutivo mantiene el calendario de cierre, será una decisión eminentemente política e ideológica. Y eso cambia por completo el debate. El cierre de Almaraz ha encontrado una oposición muy amplia. Los alcaldes de la zona, el Gobierno extremeño e incluso el PSOE de Extremadura han defendido con firmeza la continuidad de la central. Han organizado movilizaciones, viajado a Bruselas y advertido del impacto económico y laboral que tendría el cierre para toda la comarca.

Lo que pasa es que este asunto trasciende el empleo y el desarrollo regional. Lo ocurrido la noche del 15 de julio vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el sistema eléctrico español continúa mostrando una preocupante fragilidad.

Mientras millones de ciudadanos seguían el partido del Mundial entre Inglaterra y Argentina, Red Eléctrica tuvo que volver a limitar el consumo de grandes industrias para garantizar el suministro. Es la segunda ocasión este año, la anterior fue en enero, en la que el sistema se acerca peligrosamente a una situación límite, al apagón.

En esta ocasión coincidieron un fuerte pico de demanda, una producción renovable muy reducida y una central nuclear menos en funcionamiento. Ni siquiera recurriendo al máximo a las centrales de gas e incluso a una central de carbón en Asturias fue posible disponer de energía suficiente. Y esto ocurre, mientras los consumidores en teoría seguimos pagando en la factura el coste de evitar apagones.

La pregunta es obvia, si con las centrales actuales el sistema muestra dificultades en determinados momentos, ¿qué ocurrirá cuando desaparezcan progresivamente los siete reactores nucleares? Cerrar instalaciones seguras, avaladas por el regulador y necesarias para garantizar el suministro exige argumentos mucho más sólidos que un compromiso político adquirido hace años. El Gobierno dispone ahora, supuestamente, de dos meses para decidir. Tiene sobre la mesa el informe técnico y las advertencias sobre la seguridad de suministro, por lo que Almaraz no será únicamente el futuro de una parte de España, sino una prueba de hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a anteponer la realidad a los prejuicios ideológicos o a las necesidades políticas.

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