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Madrid exige al Gobierno autorizar la prórroga de Almaraz hasta 2030
La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que autorice la prolongación de la central de Almaraz hasta 2030 tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que abandone su «sectarismo energético» y autorice «de inmediato» la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz hasta el año 2030, atendiendo así al informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear en el que avala técnicamente la continuidad de sus dos reactores.
Con este pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, sumado al de las empresas involucradas, se cumplen los dos requisitos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había impuesto para dar luz verde a la prórroga de la central, situada en la provincia extremeña de Cáceres. «El Ejecutivo central no tiene otra alternativa que autorizar la prórroga», señalan desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Desde el departamento dirigido por el consejero Carlos Novillo insisten en que un organismo «independiente competente en materia de seguridad nuclear ha concluido que la instalación puede seguir operando con todas las garantías». «No hay excusa», añaden.
Argumentos contra razones de seguridad
La Comunidad de Madrid considera que si el Gobierno central decide obstaculizar la continuidad de Almaraz ya no podría hacerlo bajo razones de seguridad, una «excusa» que quedó «completamente desmontada» tras el apagón general del 28 de abril del pasado año. De hacerlo, se debería a una decisión «exclusivamente política e ideológica».
«El Gobierno debe decidir ahora si antepone la seguridad real de suministro, la competitividad de la economía y el interés general de los españoles, o si persiste en una política energética basada en prejuicios», apunta la Consejería, que destaca la central de Almaraz como una infraestructura «estratégica» no solo para la Comunidad de Madrid, sino para el conjunto del país.
Consecuencias del cierre
A juicio del Gobierno madrileño, el cierre podría desembocar en un encarecimiento de la factura de la luz, aumentaría la dependencia energética del exterior, debilitaría la industria y pondría en riesgo «miles de empleos» en un contexto en que la creciente electrificación de la economía requiere de una generación «firme y libre de emisiones».
«Renunciar de forma anticipada a una infraestructura estratégica solo haría a España más dependiente del gas, elevaría el coste de la electricidad para familias y empresas y restaría atractivo a nuestro país para la implantación de nuevas industrias e inversiones», han remachado desde la Consejería.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por «una política energética seria, equilibrada y basada en el rigor técnico» que combine energía renovable y nuclear. Desde la Comunidad reta al Ejecutivo central a «demostrar si está dispuesto a escuchar a la ciencia y a los técnicos».
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