El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras pasar cuatro meses y veinte días en la prisión de Soto del Real. No obstante, el magistrado ha acordado mantener medidas cautelares restrictivas, como la retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencia quincenal en sede judicial, debido a los “fuertes indicios” de criminalidad que aún pesan sobre el exdirigente socialista.
Cerdán fue encarcelado el pasado 30 de junio por su presunta implicación en una trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones ilegales. La investigación le atribuye un “papel principal” en la red y posibles delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Según el último informe entregado el 11 de noviembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exdirigente socialista estaría vinculado a la empresa Servinabar, que cobraba un 2% de las adjudicaciones recibidas por Acciona.
El informe señala que Servinabar habría servido como canal para desviar fondos a través del cobro de nóminas, el alquiler de dos inmuebles en Madrid —incluida la vivienda familiar de Cerdán— y el uso de una tarjeta de crédito que sufragaba gastos personales. La empresa estaría controlada en un 45% por Cerdán. Tras recibir esta documentación, el magistrado ordenó ocho registros en distintas sedes empresariales, incluidas instalaciones de Acciona, donde la UCO se incautó de equipos informáticos y documentación.
Como resultado de estas pesquisas, también han sido imputados el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y dos subordinados aún en activo, que han sido suspendidos por la compañía. En su resolución, Puente afirma que los indicios contra Cerdán “no solo no se han diluido”, sino que se han visto “reforzados” y han abierto “nuevas líneas de investigación”.
A pesar de ello, el juez considera que el riesgo de destrucción de pruebas —principal motivo que justificó el ingreso en prisión— se ha “mitigado seriamente” tras las actuaciones de la Guardia Civil. Subraya que la existencia de indicios sólidos no basta por sí sola para mantener la prisión provisional si no hay un riesgo acusado de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia, factores que el magistrado estima razonablemente descartados.
Por tanto, Cerdán se enfrenta ahora a las mismas restricciones impuestas anteriormente al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. En su auto, Puente insiste en que el exdirigente socialista ya no ostenta cargo público ni vínculo directivo con el PSOE, lo que reduce el riesgo de reiteración delictiva. “No hay, por lo tanto, razón bastante para prolongar la situación de prisión provisional que padece el investigado”, concluye el magistrado.