La Justicia suspende el precinto del Teatro Barceló tras estimar las medidas cautelares

La orden de precinto del Teatro Barceló decretada por el Ayuntamiento de Madrid ha quedado suspendida temporalmente después de que la Justicia aceptase las medidas cautelarísimas solicitadas por los promotores del local. Así lo ha confirmado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios.

El cierre del emblemático local de la calle Barceló estaba previsto para el próximo 20 de noviembre, en cumplimiento de una resolución municipal que establecía la clausura de la actividad durante un año. La sanción fue impuesta por la Agencia de Actividades (ADA) tras constatarse dos infracciones graves que ponían en riesgo la seguridad de los asistentes, al haberse superado en ambas ocasiones el aforo máximo autorizado de 990 personas.

Según ha detallado Carabante, los responsables del teatro recurrieron ante los tribunales, solicitando medidas cautelares que han sido finalmente admitidas. Esta resolución judicial deja en suspenso la ejecución del precinto mientras se resuelve el fondo del asunto.

Tensión entre el sector del ocio y la Agencia de ActividadesEl conflicto por el control de los aforos en locales de ocio ha provocado la reacción de las principales asociaciones del sector en Madrid, que acusan a la administración de aplicar criterios técnicos desproporcionados. A raíz de esta situación, se ha reactivado la Plataforma por el Ocio, compuesta por entidades como Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de zonas como Malasaña, La Latina o el Barrio de las Letras.

Estas organizaciones consideran que la Agencia de Actividades está llevando a cabo una campaña “indiscriminada, injusta y arbitraria” contra los locales de ocio nocturno, fundamentada en interpretaciones restrictivas de la normativa urbanística y ambiental. Denuncian que la forma en que se calcula actualmente el aforo en las zonas de protección acústica está provocando un perjuicio directo a la viabilidad de los negocios.

Desde la Plataforma se exige una revisión inmediata de los expedientes sancionadores abiertos, así como la suspensión de los precintos ya decretados. También reclaman el desbloqueo de la revisión de aforos en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del Distrito Centro y la recuperación de la Instrucción de Aforos como herramienta técnica de referencia.

Además, se ha solicitado al delegado Borja Carabante la creación urgente de una mesa de negociación que permita abordar esta “crisis de aforos” con soluciones consensuadas y sostenibles, que garanticen tanto la seguridad de los usuarios como la actividad económica de un sector estratégico para la ciudad.