El Supremo estudia si paraliza la regularización extraordinaria de migrantes

Hazte Oír, VOX y la Comunidad de Madrid solicitan la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno en abril.

El Tribunal Supremo celebrará este viernes una vista para examinar las peticiones de paralización cautelar del real decreto que autoriza la regularización extraordinaria de migrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo resolverá sobre las solicitudes de suspensión mientras se sustancia el fondo del asunto. La sesión, originalmente prevista para el 13 de mayo, fue retrasada por necesidades del servicio.

Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid han presentado sendas solicitudes de suspensión cautelar. El Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, defenderá que la medida no debe paralizarse, argumentando que una suspensión supondría “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”.

Hazte Oír ha pedido al alto tribunal que bloquee cautelarmente el real decreto por considerar que excede los límites legales y “altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos”.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha alegado la existencia de “riesgo cierto de perjuicio irreparable” derivado de la tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes, la creación de situaciones jurídicas individualizadas y la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo.

Vox también ha impugnado la medida. Su dirigente Ignacio Garriga afirmó que se producirá “la legalización e institucionalización de la invasión migratoria” y el envío de “un mensaje muy claro al mundo”, al sostener que “venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España”.

La Comunidad de Madrid fundamenta su recurso en que la regularización afecta “gravemente” a los servicios públicos madrileños sin establecer mecanismos de financiación ni provisión de recursos. El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso sostiene además que el decreto “contraviene” la normativa europea y “afecta” a la seguridad.

El Ejecutivo central aprobó en abril esta medida de regularización extraordinaria. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se beneficiarán aproximadamente 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación irregular.

En el mismo mes, el Tribunal Supremo requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que remitiera el expediente administrativo del real decreto para la regularización, en el marco de los recursos presentados contra la medida.