Los afectados por la venta de pisos del Ivima piden que no se archive la causa penal

Decenas de personas afectadas por la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo buitre, producida en 2013, se han manifestado este martes ante los juzgados de Plaza de Castilla para protestar contra la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal relativa a este caso.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se han quejado por la sustitución del fiscal que investigaba anteriormente el caso, que consideraba que el proceso de venta estuvo "trufado de irregularidades", por otro de "línea conservadora", que ha solicitado el archivo de la causa.

La querella presentada por la AVVI y el PSOE acusaba de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a dos exdirectivos del Ivima: Ana Gomendio, que era directora de la entidad en el momento de la venta, y Juan Van-Halen, que dimitió de su cargo como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado.

El presidente de la Fravm, Quique Villalobos, cree que la Fiscalía ha cambiado de criterio "en claro favor a la Comunidad de Madrid, aunque considera que hay "jurisprudencia" y "documentación" suficientes como para que el Juzgado de Instrucción número 48, que se ocupa del caso, "no haga caso" a la petición del fiscal y "pase ya al juicio oral".

Y ha agregado que las familias afectadas por la operación llevan cinco años "sufriendo el acoso" y las "condiciones de incertidumbre inaceptables" a las que las somete el fondo de inversión que adquirió las viviendas del Ivima (Azora-Goldman Sachs, que las gestiona mediante su filial Encasa Cibeles).

Esta adjudicación, que comprendió 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos, fue emitida el 29 de agosto de 2013 por el Ivima sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios esta transmisión de la propiedad de sus viviendas.

Azora-Goldman Sachs pagó 201 millones de euros por las 32 promociones del Ivima, pese a que una reciente tasación por parte de la Agencia Tributaria a petición del juzgado que instruye la causa penal sitúa el valor de los pisos "en 209 millones de euros" cuando se realizó la operación.

La portavoz de la AVVI, Montserrat González, ha denunciado que desde el fondo buitre "están presionando de todos los modos posibles" a los vecinos que aún viven en estos pisos para que los desalojen.

Entre estos medios, González ha citado el envío de correos electrónicos "un poco amenazadores" a los inquilinos o la "dejadez" ante las averías de las viviendas que necesitan arreglo, e incluso acusa a Azora-Goldman Sachs de haber pagado a personas para 'okupar' los pisos deshabitados.

"Ha habido que hacer muchísimo trabajo de campo para que la gente se enterara de lo que estaba ocurriendo”, ha añadido la portavoz, que ha cifrado en 900 las personas que viven en estas viviendas bajo las condiciones acordadas originalmente con el Ivima.

González ha lamentado que el apoyo institucional hacia los afectados ha sido prácticamente inexistente, y que la Comunidad de Madrid "se lava las manos" bajo el pretexto de que ya no es la propietaria de los pisos.

En paralelo a la causa penal, durante este lustro se han incoado múltiples procedimientos contencioso-administrativos para pedir la anulación de la operación del Ivima, que en su mayoría fueron archivados o desestimados.

Sin embargo, el año pasado dos procesos promovidos por afectados de Navalcarnero y Leganés, respectivamente, se saldaron con sentencias favorables a los vecinos, que fueron recurridas por la Comunidad de Madrid y están a la espera de la resolución definitiva.

Las viviendas del Ivima que se vendieron a Azora-Goldman Sachs se encuentran en Madrid (1.380), Móstoles (259), Leganés (36), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).