Piden investigar un posible delito de tortura en el CIE de Aluche

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid pide que se investigue la agresión que sufrió un interno del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche con un objeto contundente por un agente de policía, no identificado, en la noche del 27 de abril cuando se encontraba en el dormitorio, por un posible delito de "tortura".

En un auto fechado el 10 de junio -continuación de un auto anterior del 27 de mayo- la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez se pronuncia sobre numerosas quejas formuladas por los internos y ONG, así como del resultado de sus visitas al centro los días 30 de abril, 6 y 8 de mayo.

"Existen indicios de que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están legalmente obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia, abusando de su cargo, ha sometido a un interno a sufrimiento físico, causándole incluso lesiones, conducta tipificada en el Código Penal como delito de tortura", señala en la resolución.

Añade que el CIE omitió comunicar al Juzgado de control los hechos, de los que tenía conocimiento tanto la Cruz Roja como el servicio médico del centro, que tampoco remitió el informe del lesionado al Juzgado de control, como está obligado.

En el informe del servicio médico que obra en este expediente se refleja que en la exploración física el interno presentaba una herida producida por un objeto contundente en la región hemifrontal izquierda, precisa la jueza.

Por ello, procede deducir testimonio de estos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tortura y su remisión al Juzgado Decano de Madrid para su reparto al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda investigar estos hechos.

Además, la jueza requiere al director del CIE que se adopten las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y libertades de los internos del CIE, que solamente tienen limitada su libertad ambulatoria.

Entre otras medidas, recuerda el derecho de los internos a ser informados sobre la ejecución de su deportación en los términos establecidos judicialmente y la necesidad de facilitar el acceso de todos los internos a los impresos de solicitud de protección internacional todos los días.

También reclama que, en la adopción de las medidas de vigilancia y seguridad, se respeten los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia, y que todos los agentes de policía que presten servicios en el CIE lleven la placa reglamentaria con su número de identificación.

Asimismo, solicita que se ponga en conocimiento al Juzgado de Control del CIE, sin demora, del internamiento de personas vulnerables que sufran alguna dolencia física o psíquica, que necesiten tratamiento médico o estén sujetas a revisiones médicas periódicas, para garantizar sus derechos fundamentales.

La Plataforma CIEs No ha reivindicado en un comunicado el cierre de estos centros ante "la incesante vulneración de derechos" en ellos.