La Fiscalía pide investigar a un exalto cargo valenciano por el audio de la dana

El Ministerio Público solicita que la jueza cite como investigado al exsubsecretario de Justicia Ricardo García por la difusión manipulada de una conversación entre Aemet y el 112.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado a la jueza de Llíria que cite a declarar como investigado al exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García en la causa abierta sobre la filtración manipulada del audio del día de la dana.

La investigación se concentra en la difusión parcial de una conversación mantenida entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana, que ha derivado en la apertura de un procedimiento penal.

La solicitud consta en un escrito dirigido al juzgado de Llíria que instruye la causa sobre la filtración del audio manipulado, presentado en febrero de 2025. El fiscal respalda así una petición del PSPV que se produce tras la reciente comparecencia como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y después de que se conocieran los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia.

Esos informes demostraban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior durante los días de la dana tuvieron acceso al audio de la conversación, específicamente a la sección en la que la funcionaria de Aemet hacía referencia a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Conforme a los informes periciales, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024 dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior —entonces dirigida por Salomé Pradas, investigada en la causa de Catarroja— accedieron a la grabación de la llamada objeto de investigación. Se trata de Ricardo García, subsecretario del departamento en aquellas fechas, y de Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios en ese momento. Ambos obtuvieron copia de la llamada mediante un pendrive.

Durante su comparecencia ante la jueza, Jorge Suárez explicó, a preguntas de los letrados de las acusaciones populares del PSPV y Podemos, que desde Presidencia se solicitó localizar una llamada relativa al desplazamiento del temporal hacia Cuenca.

Según su relato, inicialmente no se localizó la llamada hasta que se determinó que había sido realizada desde un teléfono fijo. La petición inicial la formuló Alberto Martín Moratilla, quien requirió la localización de la llamada y su transcripción correspondiente.

Suárez indicó que la transcripción no llegó a efectuarse porque Ricardo García solicitó de forma urgente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Según declaró, él personalmente acudió con un técnico a un despacho para encontrar el “trozo” de grabación y se generó un fichero que fue trasladado en un pendrive.

A la vista de esta declaración, en la que Suárez señaló que fue a García a quien entregó la grabación de la conversación que posteriormente fue difundida a pesar de su carácter reservado, la Fiscalía considera que por el momento corresponde citar a declarar como investigado únicamente al exsubsecretario.

El Ministerio Público precisa que esta decisión se adopta “sin perjuicio de las diligencias de investigación que resulten oportunas” tras los resultados de esa declaración. En cuanto a Alberto Martín, el fiscal estima que su actuación se limitó a solicitar la localización de la llamada.

La jueza de Llíria inició la investigación el pasado año después de que la Fiscalía presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto, al apreciar que podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, previsto en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.

Conforme a la Fiscalía, la conversación ostenta “carácter reservado” de conformidad con la legislación aplicable, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia.

El Ministerio Público subraya que el artículo 53 de la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 será puesta a disposición de los servicios esenciales involucrados “a los estrictos fines de su gestión” y, una vez finalizada, solo se facilitará “a solicitud de la autoridad judicial”.