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González denuncia "maltrato institucional" en la Audiencia Provincial de Madrid
El presidente del tribunal acusa al Ministerio de Justicia de haber eliminado un 90 por ciento de los planes de refuerzo, dejando solo dos magistrados de apoyo en la jurisdicción Civil.
Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, ha alertado este martes de la situación "grave y dramática" que atraviesa el tribunal, especialmente en las jurisdicciones Civil y de Violencia sobre la Mujer. Ha denunciado el "maltrato institucional" del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la práctica eliminación de los planes de refuerzo que, hace cinco años, eran aprobados sin problemas.
La reducción de un 90 por ciento de los planes de refuerzo ha colocado al tribunal en una situación de "absoluto colapso". De los veinte jueces de apoyo que existían, solo se han mantenido dos en la jurisdicción Civil. "La Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Pero en Madrid, estas decisiones suponen un maltrato", ha espetado González en la presentación de la Memoria del órgano judicial.
La principal preocupación se centra en la jurisdicción Civil y Mercantil, que constituye la mayor área de actividad del tribunal. La litigiosidad ha experimentado un crecimiento "exponencial" en los últimos años, multiplicándose por 4,5 la carga de trabajo. Solo en 2025 se registraron cerca de 80.000 recursos, lo que supone un incremento del 48,17 por ciento respecto al ejercicio anterior, derivado principalmente de avalanchas de litigios relacionados con el consumo y el derecho bancario, así como del fuerte aumento de los procedimientos monitorios, que han crecido un 200 por ciento.
El efecto más visible de esta sobrecarga es el tiempo de respuesta. Si en 2021 un recurso civil tardaba una media de cinco meses en resolverse, actualmente el plazo alcanza ya los ocho años. "Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y eso hoy no está garantizado", ha advertido González, quien ha acusado al Ministerio de mantener una situación de "abandono y maltrato institucional" por razones exclusivamente presupuestarias.
Crítica a las descalificaciones contra la judicatura
González ha considerado "inadmisible" la descalificación genérica a la actuación de jueces y ha advertido de que la imputación de conductas delictivas a los miembros de la carrera judicial, "especialmente cuando procede de otro poder del Estado, menoscaba de alguna manera el Estado de Derecho". Ha mostrado su respaldo a los pronunciamientos realizados en los últimos meses por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
"Todas las resoluciones judiciales están sometidas a la crítica", ha reconocido González. No obstante, ha subrayado que esa crítica debe ser "técnica, racional y razonable". "Lo que no es admisible en modo alguno es la descalificación genérica de la actuación de jueces y magistrados y mucho menos la imputación de conductas delictivas", ha afirmado, reiterando que este tipo de manifestaciones suponen un menoscabo del Estado de Derecho cuando se dirigen desde otro poder del Estado.
Violencia sobre la Mujer: más de 9.000 recursos pendientes
González también ha mostrado especial preocupación por las dos secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, cuya carga de trabajo se ha disparado tras la ampliación de competencias derivada de la nueva legislación. Ambas secciones soportaban ya una carga "elevadísima" y ahora deben asumir un importante volumen adicional de procedimientos especialmente sensibles y complejos.
La Audiencia acumula ya más de 9.000 recursos pendientes en esta jurisdicción y el tiempo medio de resolución alcanza los dos años. González ha calificado estas cifras de "inaceptables" y ha advertido de que resultan contradictorias con el discurso del Gobierno sobre la prioridad de la lucha contra la violencia contra la mujer. "Si realmente es una prioridad, la respuesta judicial no puede demorarse dos años", ha señalado.
Ha reclamado al Ministerio no solo un incremento de la planta judicial, sino también la aprobación "inmediata y urgente" de nuevos planes de apoyo y refuerzo para evitar el colapso tanto de la jurisdicción Civil como de la de Violencia sobre la Mujer.
Cifras de carga de trabajo
En el ámbito penal, durante 2025 ingresaron 36.685 asuntos, un 6,19 por ciento más que el año anterior, mientras que se resolvieron 33.976 procedimientos, un 5,16 por ciento más. El número de asuntos pendientes aumentó un 29,7 por ciento, al pasar de 9.360 a 12.141 expedientes.
En el orden civil, las secciones generales registraron 44.948 asuntos durante 2025 frente a los 32.418 del ejercicio anterior, mientras que la pendencia aumentó un 47,45 por ciento. Especial preocupación genera la Sección 25 bis, especializada en condiciones generales de contratación, que cerró el año con 35.825 asuntos pendientes tras recibir 20.646 nuevos recursos y resolver únicamente 1.419.
La Memoria de la Audiencia Provincial reclama la incorporación de doce nuevos magistrados para las secciones penales y nueve para las civiles, además del mantenimiento de los refuerzos actualmente vigentes y la creación de nuevas secciones especializadas para afrontar las nuevas competencias en violencia sobre la mujer y, próximamente, en violencia contra la infancia y la adolescencia.
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