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La Comunidad de Madrid acusa a Renfe de poner en riesgo miles de empleos con su nueva empresa de autobuses
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha cargado contra los planes de Renfe de crear una nueva empresa para prestar servicios alternativos por carretera, una iniciativa que, a su juicio, amenaza con expulsar del mercado a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Tras reunirse con representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares, Rodrigo ha denunciado que este proyecto podría dejar fuera a más de 480 compañías y poner en riesgo cerca de 10.000 empleos directos, al concentrar el negocio en manos de grandes operadores.
El consejero ha cuestionado duramente la creación de esta nueva estructura, que ha calificado de innecesaria, al considerar que distorsiona el mercado y debilita a un sector que ha sostenido durante años los servicios alternativos cuando el transporte ferroviario ha fallado.
En su opinión, la medida no responde a una mejora del servicio, sino a un intento de reorganizar el sistema que perjudica a quienes han garantizado su funcionamiento en situaciones críticas.
Desde ANETRA, su presidente, David del Olmo, ha advertido de que las condiciones planteadas para la nueva empresa limitan gravemente la competencia. En concreto, ha señalado que se exige a los posibles adjudicatarios disponer de al menos 500 autobuses en propiedad, un requisito que solo pueden cumplir entre una decena de grandes compañías en España.
Este planteamiento, según el sector, encarece los costes y reduce la concurrencia, dejando fuera a numerosas pymes que actualmente prestan el servicio con normalidad.
Rodrigo ha insistido en que la iniciativa favorece claramente a grandes grupos en detrimento de un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Además, ha advertido de un posible conflicto de intereses si Renfe pasa a competir directamente en servicios urbanos e interurbanos.
A su juicio, esta estrategia no solo limita la libre competencia, sino que pone en riesgo miles de empleos y rompe el equilibrio del sector.
Ante esta situación, el Gobierno regional ha reclamado al Ejecutivo central que rectifique y opte por modelos que permitan una mayor participación de las pymes, como la división de contratos en lotes más pequeños.
El consejero ha defendido que España necesita garantizar un transporte eficaz y respetar a las empresas que han sostenido el servicio durante años, en lugar de impulsar estructuras que, en su opinión, agravan los problemas existentes.
