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Los médicos madrileños reclaman a Matute medidas concretas y piden que presione al Ministerio por el Estatuto
Unos 150 médicos y facultativos se han concentrado este jueves ante la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana, en el cuarto día de la segunda semana de huelga para exigir un Estatuto Marco propio y reclamar medidas inmediatas también al Gobierno regional.
La protesta, con sanitarios vestidos con bata blanca y bajo el lema ‘Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa’, ha servido para elevar el tono contra las dos administraciones, a las que responsabilizan de su situación laboral. “Estas son las manos que te curan”, han coreado durante la concentración.
Presión directa a la Comunidad de Madrid
Desde Amyts han insistido en que buena parte de sus condiciones depende de la Comunidad de Madrid. Su secretaria general, Ángela Hernández, ha señalado que entre el 85% y el 90% de las mejoras pueden abordarse a nivel autonómico.
Han puesto el foco en cuestiones como el pago de las guardias, la jornada de 37,5 horas o la ausencia de complementos autonómicos, recordando que Madrid está entre las regiones con peor retribución en este ámbito.
El mensaje ha sido claro: no basta con respaldar sus reivindicaciones, sino que el Gobierno regional debe actuar.
Exigen a Matute que eleve el pulso al Ministerio
Durante la protesta, los facultativos han pedido a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que pase de las declaraciones a los hechos y presione al Ministerio si realmente comparte sus demandas.
“Que le saque los colores de verdad”, ha reclamado uno de los portavoces sindicales, en referencia a la ministra Mónica García.
El conflicto con el Ministerio sigue abierto después de que Sanidad haya dado por cerrado el borrador del Estatuto Marco, alegando límites legales, aunque mantiene la vía del diálogo en otras reformas.
La movilización forma parte de una huelga de carácter nacional que continuará este viernes con una nueva protesta en el Hospital Puerta de Hierro. El paro se repetirá en semanas alternas hasta junio.
Los convocantes denuncian además unos servicios mínimos que consideran excesivos y que, a su juicio, limitan el impacto real de la huelga.
