El Gobierno regional asegura que los test de cérvix reunían la mejor calidad diagnóstica y su ajuste a la ley

La Comunidad de Madrid ha sostenido este lunes que los test de cáncer de cérvix adquiridos eran los que reunían la mejor relación calidad-precio sustentados en la evidencia científica, alineados con los estándares nacionales e internacionales y aplicados a la normativa de contratación pública.

Así lo ha defendido la directora general Asistencial, Almudena Quintana Morgado, en la sesión de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas ante una pregunta de la diputada socialista Isabel Cadórniga.

"Es un procedimiento técnicamente sólido, jurídicamente garantista y orientado a proteger un programa que prioriza la calidad diagnóstica, la eficiencia del sistema y el interés general", ha recalcado ante las críticas de Cadórniga.

La socialista ha afirmado en su intervención que desde el Gobierno regional se maltrataba la salud con un expediente de compras en el que "el sistema no es ni el más fiable y no se ha llevado a cabo ninguna auditoría".

La parlamentaria ha argumentado que cuando se "externaliza la tecnología sin control" el riesgo administrativo pasa a ser sanitario. "(Este es) Un contrato en el que se pondera una vez más el precio con unos criterios automáticos predominantes y con unos criterios técnicos mal evaluados, porque no están definidos correctamente y siempre ligados a las características que cumple el proveedor, un proveedor concreto", ha cargado la parlamentaria, quien ha reprochado que no hay un "indicador clínico vinculante en la fase de ejecución del contrato".

En cambio, desde el Ejecutivo regional se ha sostenido que se adjudicó conforme al principio de mejor relación calidad precio y con la regla de los criterios establecidos en los pliegos y en la propuesta de contratación.

Ha explicado que se trata de un expediente vinculado al Programa Poblacional de Cribado de Cervix, Cervicam y financiado con fondos Next Generation, lo que "exigía especial rigor técnico, científico, económico y procedimental".

"Los criterios de adjudicación se diseñaron con el objetivo de seleccionar la oferta que garantizara máxima calidad diagnóstica, solvencia tecnológica, eficiencia operativa y sostenibilidad económica, siempre sobre la base de la evidencia científica disponible", ha proseguido.

Así, ha detallado que del total de puntos el 60% respondía al criterio económico --fijado entre otros para garantizar la sostenibilidad del sistema-- mientras que de los 40 puntos restantes 30 responden a cuestiones técnicas como la capacidad diagnóstica o la automatización y los 10 restantes a "criterios vinculados a la robustez del material" y capacidad de mantener la continuidad asistencial.

"Todos los criterios cualitativos fueron evaluados mediante sistemas de máximo o mínimo o proporcionalidad matemática, lo que elimina cualquier margen de subjetividad y garantiza igualdad entre el trato entre los licitadores. El expediente incorporó mecanismos específicos para la detección de análisis de ofertas anormalmente bajas que pudieran comprometer la viabilidad técnica o la calidad del servicio", ha rematado.