Los madrileños podrán recoger la mascarilla gratuita en la farmacia durante 15 días
Los madrileños tendrán un plazo de 15 días a partir del lunes para recoger la mascarilla gratuita que la Comunidad de Madrid distribuirá a través de las farmacias de la región, donde será necesario presentar la tarjeta sanitaria.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha aconsejado en un comunicado acudir a la farmacia de forma escalonada "cuando el uso de la mascarilla sea necesario para el usuario".
La Comunidad de Madrid se ha comprometido a suministrar 14 mascarillas FPP2 haciendo uso de las casi 3.000 farmacias de la región, 7 millones estarán disponibles el lunes.
El Colegio de Farmacéuticos señala que el tipo de mascarilla elegida por el Gobierno autonómico es "autofiltrante de calidad, pensada para personal sanitario, con una eficacia de filtración de partículas superior o igual a 92 en un índice de 100". El grupo Cofares distribuirá el material entre las farmacias.
Para recogerla es necesario hacer uso del sistema de receta electrónica, que se ha reforzado en las últimas 24 horas para que "soporte el volumen de demanda previsto".
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, destaca que "los ciudadanos encontrarán en su farmacia la máxima garantía para acceder a las mascarillas, así como la información y el consejo profesional de su farmacéutico".
Además, el Colegio de Farmacéuticos sostiene que estos profesionales pueden desempeñar "tareas de vigilancia epidemiológica de nuevos brotes, a través de la detección de casos o el diagnóstico precoz" de la Covid-19.
Madrid recomienda el uso de mascarilla en espacios cerrados y es obligatorio en el metro.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló ayer que el tipo de mascarilla elegido está pensado "para evitar que el que la lleve se infecte", pero para personas con sintomatología con más recomendables las mascarillas quirúrgicas.
El Ministerio de Sanidad rechazó ayer el paso de Madrid a la fase 1, reclamada por el Gobierno autonómico a pesar de que su directora general de Salud Pública Yolanda Fuentes lo desaconsejó y dimitió por ser contraria a esta decisión.
