Proyecto de ley para adaptar la reforma local a Madrid
La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy un proyecto de ley que remitirá a la Asamblea para su tramitación urgente en el mes de julio con el objetivo de adaptar a la región la ley estatal de reforma local y evitar "duplicidades" en la prestación de servicios en los ayuntamientos.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha indicado tras el Consejo de Gobierno que este proyecto de ley permitirá fijar criterios "tasados" por los que se regirá la Comunidad a la hora de evaluar si un ayuntamiento duplica servicios o los presta de manera "no eficiente".
Entre otros aspectos, se valorarán la demanda del servicio posiblemente duplicado y condicionantes geográficos y de accesibilidad, según ha explicado Victoria.
El portavoz ha indicado que la ley garantizará la "continuidad" de los convenios que actualmente existen con diferentes ayuntamientos en diversas materias y garantiza la prestación de servicios en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La nueva ley marcará la fórmula en la que este año deberán adaptarse más de medio centenar de mancomunidades de la Comunidad de Madrid a lo dispuesto en la ley estatal, un proceso obligado que de no cubrirse obliga a estas entidades a "desaparecer", ha apuntado Victoria.
Victoria ha explicado que esta ley permitirá la continuidad de los 51 convenios con los ayuntamientos en materia de violencia machista, los 148 sobre las escuelas infantiles y los de prevención y asistencia que tiene la Agencia Antidroga con 16 consistorios y dos mancomunidades.
Gracias a esta normativa, según el consejero, los 308 centros escolares que tienen convenio con el Gobierno regional podrán seguir su actividad.
Esta adaptación regional a la ley estatal de reforma local también recoge las competencias de atribución que le corresponden a las entidades locales y desarrolla algunos aspectos procedimentales y de tramitación administrativa.
Por todo ello, Victoria ha insistido en la tramitación de urgencia de este proyecto de ley para "no poner en riego ningún servicio esencial en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid".
