El PSOE propone una Oficina Autonómica contra los desahucios

El PSOE de Madrid ha pedido que se cree una Oficina Autonómica de Mediación y Prevención de Desahucios de la Comunidad de Madrid como servicio público destinado a evitar los lanzamientos y facilitar que se resuelvan los conflictos relacionados con el alquiler y la vivienda de forma extrajudicial.

Así consta en la Proposición No de Ley (PNL) registrada por los socialistas madrileños en la Asamblea de Madrid, donde apuntan a que esta oficina podría financiarse a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España.

El objetivo es que este nuevo organismo pueda mediar entre inquilinos y propietarios y permitir que participen en el proceso la Comunidad, los sindicatos y los representantes de los municipios donde esté el inmueble.

Sistema de alerta temprana y asesoramiento especializado

Además, la oficina establecería un sistema de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo de desahucio antes de que empezaran los procesos judiciales, momento en el que podrían activarse mecanismos de negociación y acompañamiento.

Los usuarios contarían con un servicio gratuito de asesoramiento jurídico especializado, orientación social, información sobre ayudas públicas al alquiler y programas de vivienda, así como acompañamiento durante los procesos de negociación.

Protocolo de protección con servicios sociales

Los socialistas reclaman, asimismo, que se plantee crear un protocolo de actuación inmediata con servicios sociales municipales y la red pública de vivienda para garantizar una alternativa habitacional «digna y estable» en casos en que la mediación extrajudicial no resulte en acuerdo y existan menores, personas mayores o en situación de dependencia en la unidad de convivencia.

Causas del aumento de desahucios

El PSOE justifica estas medidas ante el aumento de situaciones de riesgo residencial por el «incremento sostenido de los precios del alquiler, la falta de normativa y regulación, la ausencia de inversión en servicios sociales y el aumento de los conflictos, por culpa de la especulación, entre arrendadores y arrendatarios».

«Resulta necesario dotar a la Comunidad de Madrid de un instrumento estable que facilite acuerdos entre las partes, ofrezca asesoramiento especializado y coordine la actuación de los diferentes agentes implicados en la protección del derecho a la vivienda», han expuesto los socialistas madrileños en su propuesta.