García Martín: “Sánchez dinamita el Poder Judicial para proteger a su familia y su partido”
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tachado de "peligro para la democracia" las tres reformas que afectan a la Justicia registradas por el Gobierno central.
Ha sido en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha señalado primero a la ley para limitar la acusación popular a partidos políticos y asociaciones --renombrándola como 'Ley Begoña'--, que ve como una "amnistía preventiva para la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el hermano del presidente y para el fiscal general del presidente".
En segundo lugar ha nombrado la Ley de Modificación del Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, con la que "Sánchez quiere volver a meter las manos en el Poder Judicial, dinamitando los principios de mérito y capacidad para introducir en ambas carreras a personas afines al Gobierno".
Y a continuación ha citado la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "en vez de otorgar mayor autonomía a los fiscales", considera que da "el poder absoluto al fiscal general", Álvaro García Ortiz, al tiempo que "amenaza con entregar la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía".
"Con un Fiscal General del Estado imputado, nada nos puede preocupar más en este momento", ha apostillado al tiempo que ha recordado el paro anunciado por jueces y fiscales para el 11 de junio.
En este punto, el consejero ha incidido en que "todas las acciones" del Gobierno central cumplen "con el propósito" de "controlar al Poder Judicial, ante el agobio del presidente, que tiene a su mujer imputada, a su hermano procesado, a su amigo Ábalos imputado y al ministro 23 también imputado".
La "campaña de ataques" a la Guardia Civil, a su juicio, se debe a la necesidad de Pedro Sánchez de que la UCO "deje de investigar y deje de sacar mierda del PSOE o del Gobierno que preside"; mientras que "la dimisión de Leire Díez" busca "proteger a la fontanera del comando Ferraz".
"Podría seguir con todas las instituciones del Estado, asaltadas para uso y beneficio de su 'Sanchidad', de su Gobierno, de su familia o su partido", ha zanjado.
