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El Supremo tumba el cálculo del Gobierno sobre el rescate de dos autopistas madrileñas
La sentencia exige una resolución definitiva sobre la indemnización a la concesionaria de las autopistas madrileñas quebradas en la crisis de 2008.
El Tribunal Supremo ha vuelto a anular el cálculo realizado por el Gobierno sobre el rescate de las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid y le insta a aprobar una resolución definitiva para abonar cuanto antes la indemnización correspondiente a la concesionaria.
La sentencia, dictada el 28 de enero de 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y consultada por Europa Press, anula la última resolución que fijaba en 570 millones de euros el pago por estas infraestructuras.
Este era el segundo cálculo realizado por el Ejecutivo, que ya había incrementado en 451 millones la cifra inicialmente estimada tras anteriores fallos del Supremo que consideraron que la fórmula aplicada no se ajustaba a derecho.
El Supremo exige una resolución definitiva
En esta ocasión, el alto tribunal no cuestiona la metodología económica empleada, sino que reclama al Gobierno que cierre el proceso con una resolución definitiva y liquide la deuda, evitando así nuevas decisiones provisionales que prolonguen el procedimiento.
En 2019, el Ejecutivo aprobó un plan para ordenar las indemnizaciones a las concesionarias de las autopistas quebradas durante la crisis financiera de 2008. El Estado asumió la gestión de estas vías y se comprometió a compensar a las empresas por las inversiones realizadas.
El procedimiento establecía tres fases por concesión: una resolución inicial, una complementaria y una definitiva, con un plazo máximo aproximado de seis meses entre cada una. Sin embargo, casi siete años después, de las nueve autopistas afectadas —gestionadas por ocho concesionarias— solo una ha alcanzado la tercera y última resolución.
Una concesión adjudicada en 1999
La R-3 y la R-5 forman parte de una misma concesión adjudicada en 1999 a un consorcio integrado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC por un periodo de 50 años. Las autopistas entraron en funcionamiento en 2004, pero en 2012 la concesionaria entró en concurso de acreedores. Posteriormente, fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit asumieron la deuda con el objetivo de cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto para el Estado un desembolso provisional de 1.684 millones de euros, aunque la cifra definitiva aún no está cerrada, ya que la mayoría de las concesiones continúan en la fase de segunda resolución.
Por infraestructuras, los pagos provisionales realizados ascienden a 134 millones por la R-4, 319 millones por la A-36, 41 millones por la A-41, 278 millones por la AP-7 Cartagena-Vera, 307 millones por la AP-7 Alicante y 46 millones por la M-12, mientras que en el caso de la R-2 el coste provisional es de cero euros.
Con esta nueva sentencia, el Supremo busca evitar más retrasos en un proceso que se prolonga desde hace casi una década y que sigue pendiente de cierre definitivo en la mayoría de los casos.
