La presidenta madrileña responde en la Asamblea a una pregunta de Manuela Bergerot sobre el poder adquisitivo de las familias y vincula la crisis de vivienda y la pérdida de renta al Gobierno central y a la presión fiscal.
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves en el Pleno de la Asamblea contra el “infierno fiscal” que, a su juicio, despliega el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acusado a Más Madrid de amparar un modelo de “pobreza, hambruna y apagones cubanos”, durante una sesión de control en la que la portavoz del grupo regionalista, Manuela Bergerot, le ha preguntado por el poder adquisitivo de las familias.
Ayuso ha respondido vinculando esa pérdida de capacidad económica con la política fiscal del Ejecutivo central y con el problema de acceso a la vivienda. La presidenta madrileña ha sostenido que esta dificultad no afecta solo a la Comunidad de Madrid, sino al conjunto de España, y ha reprochado al Gobierno central que intervenga en el mercado de la vivienda y del alquiler, lo que, según ha dicho, agrava todavía más la caída de la oferta.
Durante su intervención, la dirigente autonómica ha contrapuesto esa situación con el gasto del Ejecutivo central y ha denunciado que, mientras se deteriora la economía familiar, el Gobierno mantiene un número récord de asesores en La Moncloa, ministerios y coches oficiales. También ha asegurado que el Estado mantiene una deuda de 10.500 millones de euros con la Comunidad de Madrid.
La presidenta ha dirigido además buena parte de sus críticas al Ministerio de Hacienda. Ayuso ha afirmado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa en 2018 se han aprobado 140 subidas de impuestos y ha sostenido que las cotizaciones ya restan 21.144 euros al salario medio de los españoles. En esa línea, ha advertido de que al final de la legislatura el coste acumulado alcanzará, según sus cifras, 671.500 millones de euros en impuestos y cotizaciones y 1.657 euros más por familia en el IRPF.
Ayuso ha insistido en que la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF supone un perjuicio directo para los contribuyentes y ha cifrado en 12.000 millones de euros el coste de esa decisión durante este año. Según ha afirmado, cada español paga una media de 21.000 euros al año en impuestos y cotizaciones, un dinero que, a su juicio, se destina a sostener la estructura política del Gobierno.