La Asamblea debatirá el plan para la Cañada Real a la vuelta del verano

El comisionado para la Cañada Real ha entregado ya a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid el borrador, de 77 páginas, del Pacto Regional por la Cañada Real, que será debatido cuando el parlamento regional retome la actividad tras el parón veraniego.

El borrador incluye tanto medidas de choque como actuaciones a medio y largo plazo para regularizar el asentamiento de la Cañada Real, que comenzó en los años 60 y que se extiende a lo largo de 14,2 kilómetros y depende de tres municipios, Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid.

No obstante, la ordenación de "todo" el asentamiento tardará entre "10 y 15 años", según avanzó hace unos días el comisionado para la Cañada Real josé antonio martínez páramo.

El objetivo del proyecto es que el mayor número de personas que cumplan los requisitos, quienes estuviesen censadas a 31 de diciembre de 2011, se puedan quedar en la Cañada, que alberga a cerca de 8.000 personas en sus 2.700 viviendas -desde inmuebles de lujo a infraviviendas-.

La propuesta, a la que podría sumarse todavía nuevas iniciativas de los grupos de la Asamblea y de los ayuntamientos afectados, incluye un plan de choque que comienza con el asfaltado y la pavimentación de las vías, para después establecer el servicio de correos y ampliar las líneas de autobuses de la EMT, con dos nuevas líneas entre el sector III y Vicálvaro y desde la incineradora al Ensanche de Vallecas.

Según Martínez Páramo la primera línea entraría en funcionamiento en el mes de septiembre y la segunda estaría operativa antes de final de año.

Entre las actuaciones más urgentes también figuran la rehabilitación del suministro de luz y la creación de un contrato social con tarifa plana y el abastecimiento de agua, así como la limpieza de escombros.

A falta de que los grupos alcancen un acuerdo, al que tendrán que incorporarse los regidores de Madrid, Coslada y Rivas, ya se han iniciado trámites para algunos de los trabajos, como el asfaltado, el suministro de agua, la ampliación del transporte o el retranqueo del gasoducto que atraviesa la Cañada.

Entre las decisiones más relevantes figura la del desmantelamiento de dos tramos de la Cañada Real, el existente sobre el túnel del AVE Madrid-Barcelona (sector III) y el tramo entre Perales del Río y la incineradora de las Dehesas (sector VI), donde se sitúan 150 chabolas.

Además de las medidas más urgentes, el proyecto recoge actuaciones para integrar y normalizar los barrios de la Cañada, con actuaciones sociosanitarias, educativas, o lugares para el encuentro y el ocio de los vecinos.

La fórmula usada para legalizar el asentamiento es que las familias se conviertan en propietarias del suelo sobre el que está edificado su vivienda, siempre que esta tenga condiciones de habitabilidad, con la idea de mantener el mayor número de inmuebles ya construidos.

Aquellas familias que no puedan mantener su vivienda actual, porque no reúna los requisitos de habitabilidad o porque el terreno tenga asignado otro uso, serán realojadas en viviendas de nueva construcción en la propia Cañada, salvo que no fuese posible y tuviesen que mudarse a otra zona de la región.

Respecto a los vecinos del tramo del sector VI que se prevé sea desmantelado, estas familias, altamente vulnerables, serán realojadas en propiedades de segunda mano pertenecientes a la Comunidad y dispersas por toda la región.

Para que todos los vecinos censados en 2011 puedan obtener una vivienda, el proyecto del comisionado prevé un precio máximo de venta para los terrenos o la posibilidad de cesiones temporales y de derechos sobre la superficie para quienes no tengan recursos.

El proyecto para sacar a los vecinos de la ilegalidad fue uno de los compromisos de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y está incluido en el acuerdo de investidura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos.

El Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre también trató de regularizar la Cañada con la aprobación, en marzo de 2011, de una ley que desafectaba los terrenos como antigua vía pecuaria, y daba dos años para que la Comunidad y los municipios afectados alcanzasen un consenso, un plazo que expiró sin acuerdo.