Ayuso reclama revisar el presupuesto de la PAC para garantizar la autosuficiencia y proteger al campo español

la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles la revisión del presupuesto de la Política Agrícola Común con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria en Europa y reforzar la protección del campo español. La dirigente madrileña ha realizado estas declaraciones a través de sus redes sociales, coincidiendo con la movilización de miles de agricultores y ganaderos en la capital.

La reclamación de Ayuso se produce en una jornada marcada por la protesta convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, que han llevado a Madrid a profesionales del campo de toda España para denunciar los recortes previstos en la PAC y el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, actualmente paralizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La presidenta madrileña ha subrayado la necesidad de introducir cláusulas de salvaguarda que protejan el mercado interior y ha reclamado un control efectivo en las fronteras para impedir la entrada de productos que no cumplan los mismos requisitos sanitarios y de producción exigidos a los agricultores europeos. En su opinión, la soberanía alimentaria no puede quedar subordinada a decisiones que pongan en riesgo la viabilidad de las explotaciones nacionales.

El Gobierno regional ha defendido en reiteradas ocasiones que cualquier acuerdo comercial con terceros países debe estar supeditado al principio de reciprocidad normativa. Desde la Puerta del Sol sostienen que resulta imprescindible que los productores españoles compitan en igualdad de condiciones frente a las importaciones, evitando situaciones de competencia desleal que erosionen el tejido rural.

En esta línea, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, firmó recientemente un acuerdo con los principales representantes de organizaciones agrícolas y ganaderas de la región para defender los intereses del sector primario ante el acuerdo UE-Mercosur. El Ejecutivo madrileño insiste en la necesidad de una política agraria orientada a un modelo productivo justo, que garantice rentabilidad, estabilidad y futuro para las familias que viven del campo.