La Plataforma Ecologista Madrileña ha celebrado la decisión de la Comunidad de Madrid de mantener la obligación de que las vías pecuarias de la región sigan clasificándose como suelo no urbanizable de protección dentro del planeamiento urbanístico. La determinación fue adoptada este miércoles en el Consejo de Medio Ambiente autonómico.
Según han trasladado fuentes de la Consejería competente, los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico deberán continuar calificando estas rutas históricas como suelo protegido, garantizando así su preservación dentro del territorio madrileño.
Las organizaciones que integran la plataforma han mostrado su satisfacción tras conocer la decisión del Gobierno regional. En un comunicado, destacan que esta resolución llega después de las alegaciones presentadas por distintos colectivos y de la campaña impulsada para defender la conservación de la red de vías pecuarias.
Las asociaciones habían advertido de los posibles riesgos derivados del anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública. Según señalaron entonces, la norma incluía una modificación legal que eliminaba la obligación de clasificar estas rutas tradicionales como suelo no urbanizable protegido.
Ante esa posibilidad, la plataforma presentó alegaciones en las que alertaba de los potenciales efectos negativos que podría acarrear la modificación. Paralelamente, promovieron una campaña para movilizar a organizaciones sociales y entidades ciudadanas con el objetivo de pedir a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior la preservación de estos caminos históricos.
Pese a valorar positivamente la decisión adoptada por el Consejo de Medio Ambiente, los colectivos ecologistas han expresado también sus reservas respecto a algunos aspectos del procedimiento administrativo que regula la protección de estas vías.
En concreto, critican que se mantenga el denominado silencio positivo en caso de que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación no emita el informe preceptivo dentro del plazo establecido de tres meses.
Este mecanismo implica que, si un ayuntamiento o un promotor privado presenta un planeamiento urbanístico que afecte a la red de vías pecuarias y la administración autonómica no se pronuncia en ese plazo, se entenderá que el informe es favorable y que se acepta la propuesta planteada en dicho planeamiento.
Desde la plataforma consideran que esta fórmula podría abrir la puerta a decisiones urbanísticas que comprometan la protección efectiva de estos corredores tradicionales, que forman parte del patrimonio natural y cultural de la Comunidad de Madrid.