Un resquicio legal mantiene en jaque el futuro de Valdebebas
El desarrollo urbanístico de Valdebebas, con casi 11 millones de metros cuadrados de suelo, 13.000 viviendas -4.000 ya construidas- y 1,2 millones de metros de oficinas, se ha visto ralentizado por sucesivos recursos judiciales basados en un resquicio legal que está perjudicando a vecinos y promotoras.
El último capítulo de la batalla judicial contra los nuevos desarrollos, iniciada hace una década por un particular que actúa "en defensa del interés público" -una potestad que reconoce la propia legislación de urbanismo-, ha sido la anulación del proyecto de reparcelación de Valdebebas este mes de junio.
Tras esta decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), se paralizó temporalmente la concesión de licencias de primera ocupación a 1.200 familias con sus viviendas ya terminadas, que se ha desbloqueado recientemente tras "una rápida reacción" del Ayuntamiento, que la presidenta de la Asociación de Vecinos, Vanessa Rodríguez, "agradece" a la alcaldesa Ana Botella.
No obstante, mientras no se apruebe el nuevo proyecto de reparcelación, que la Junta de Compensación prevé para fin de año, no se concederán licencias de obra nueva ni de actividad comercial, causando "un enorme perjuicio económico" también a cooperativas e inmobiliarias, según el presidente de la Asociación de Gestoras y Promotoras de Valdebebas, Javier García.
La maraña de recursos -más de 70 sólo en Valdebebas- interpuestos desde el inicio del desarrollo por el abogado Ignacio Hernández Obelart en nombre del particular Luis Martínez Alías, llegó en 2012 al Supremo, que anuló varios apartados de dos acuerdos del Ayuntamiento, de 2007 y 2009, además de un acuerdo de 2008 de la Comunidad de Madrid.
El resultado fue la paralización de 21 desarrollos, incluidos Valdebebas, Berrocales, Ahijones y Arroyofresno, que el Ayuntamiento trató de solucionar aprobando en julio de 2013 una revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 y la modificación de 1997, que permitía anular el bloqueo judicial.
"Todo iba bien más o menos bien" hasta el fallo del TSJM de junio, que paralizó las licencias de primera ocupación haciendo "saltar la alarma social", porque hasta ahora el recurrente "había ido contra el Ayuntamiento, las promotoras, cooperativas, la Junta de Compensación", pero "ahora también contra las familias que compraron su casa y no pueden entrar en ella", explican desde la Junta.
Aseguran, además, que el recurrente, con el que EFE ha intentado contactar sin éxito, "no era propietario de terrenos en la zona, ni promotor, sino que montó un entramado de impugnaciones, con una habilidad procesal notable", con la supuesta "intención de sacar un beneficio económico de la imposición de recursos".
Asimismo, desde la Asociación de Gestoras, que integra a 16 promotoras de casi tres mil viviendas del nuevo barrio, señalan que la "legislación española permite, apelando al interés público, recurrir sin costas" cualquier procedimiento administrativo en materia urbanística.
No obstante, y pese a admitir que el recurrente actúa conforme a derecho, las partes afectadas coinciden en poner en duda su "interés público", ya que en sus reuniones con la Junta y las asociaciones, el abogado del recurrente les ha ofrecido "llegar a un acuerdo económico a modo de indemnización por los perjuicios ocasionados -supuestamente a él- durante el proceso".
La legislación prevé que, ante la imposibilidad de ejecutar una sentencia, o sea, de derribar todo lo construido desde 2007 en Valdebebas, "haya una indemnización sustitutoria del cumplimiento de la sentencia, si se llega a un acuerdo con todos los afectados", señalan las fuentes consultadas.
Como también están recurridas las licencias de primera ocupación ya concedidas, y ante el riesgo de impugnación de las nuevas, Vanessa Rodríguez recomienda a los vecinos que "nada más recibirlas, escrituren las viviendas y se empadronen de inmediato".
Una de las cooperativas más afectadas es Residencial San Isidro, terminada hace meses sin que los vecinos puedan mudarse y obligándoles a afrontar pagos de 1.200 euros mensuales, explica Rodríguez.
Además de 4.000 viviendas construidas y 1.500 en construcción, el nuevo barrio incluye la ciudad deportiva del Real Madrid, la Ciudad de la Justicia y el Parque Felipe VI, según la Junta de Compensación encargada del desarrollo.
Un 83% de las infraestructuras -calles, alcantarillado, alumbrado, accesos viarios, árboles y parques- están terminadas, a falta de la vía de conexión con el aeropuerto.
Actualmente 2.700 personas tienen licencia de primera ocupación, aunque no disponen de comercios ni de servicios municipales, dada la paralización de las licencias, a excepción de un autobús de la EMT hacia la estación de metro de Mar de Cristal.
EFE no ha podido recabar la postura del abogado responsable de los recursos judiciales.
