Reyes Maroto denuncia a Inma Sanz por presunta revelación de secretos

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra la vicealcaldesa, Inma Sanz, por presunta revelación de secretos.

La denuncia está relacionada con un informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, en un intento por "acabar con la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida".

El Grupo Municipal Socialista había interpuesto una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción el 16 de mayo para que se investigara el "proceder arbitrario" de los gestores del Ayuntamiento de Madrid en las solicitudes de información relacionadas con la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Maroto explicó que el objetivo era investigar una posible vulneración del derecho a la información de los concejales tras recibir un expediente incompleto sobre el piso donde reside Ayuso.

El 20 de mayo, el director de la Oficina Municipal Anticorrupción, Carlos Granados, resolvió la solicitud planteada por el Grupo Socialista y les trasladó la resolución. Sin embargo, esta resolución no se hizo pública ni por la Oficina Municipal ni por el Grupo Socialista.

Durante el Pleno de Cibeles el 28 de mayo, el concejal socialista Enrique Rico planteó una pregunta sobre la denuncia presentada ante la Oficina contra la Corrupción y el Fraude, buscando que el Gobierno detallara medidas para garantizar el derecho de acceso a la información de los concejales. En respuesta, la vicealcaldesa Inma Sanz mencionó el contenido del informe, insinuando que la Oficina no tenía competencias en ese caso y sugiriendo que los socialistas debían dirigirse a otras vías legales.

Maroto subrayó que el informe de la Oficina Municipal es confidencial según su reglamento. Los socialistas argumentan que las palabras de Sanz reflejan un acceso y conocimiento del contenido de la resolución, lo que podría constituir una conducta tipificada en el artículo 198 del Código Penal, referente a la revelación de secretos. Esta conducta podría ser castigada con penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Además, si Sanz accedió legítimamente a la resolución por su cargo, podría incurrir en el artículo 417.1 del Código Penal, que sanciona la revelación de secretos o informaciones confidenciales por parte de autoridades o funcionarios públicos con multas e inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años.