Maestre descarta un "efecto llamada" al regularizar a los okupas de la EMVS

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha considerado que la regularización de las familias que okupan pisos municipales no tendrá un efecto llamada porque "por regla general a las personas no les gusta violar la ley" y "cabe suponer que no es un plato de buen gusto tener que entrar de forma ilegal a una vivienda".

Rita Maestre ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal cuando los periodistas han preguntado cómo iba a evitar el Ayuntamiento que hubiese un "efecto llamada" a personas que potencialmente podrían okupar una vivienda municipal después de que el equipo de Gobierno haya anunciado la regularización.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) permitirá legalizar la situación a aquellas familias que a fecha de enero de 2016 llevasen más de un año okupando un piso del Ayuntamiento de Madrid, aunque tendrán que comprometerse a abonar las rentas de alquiler y cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de la ocupación hasta un máximo de 5 años.

La portavoz municipal ha defendido la actuación del equipo de Gobierno, que supone, ha dicho, avanzar hacia el cumplimiento del derecho a la vivienda.

Cuando un periodista le ha preguntado cómo se explica que quienes han ocupado tengan prioridad sobre las familias que están esperando a tener una vivienda pública, Rita Maestre ha respondido: "Yo haría la pregunta al revés. Preguntaría cuál es la explicación que se da a las familias que tienen hijos y qué irresponsable sería un Gobierno que toma la decisión de dejarlas en la calle".

La portavoz municipal ha defendido que el equipo de Manuela Carmena ha optado por construir vivienda pública y comprar nueva para ampliar la atención a familias necesitadas, a diferencia de lo que hizo el PP, que, en su opinión, "no tiene demasiados hechos por los que enorgullecerse".

El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha tomado esta decisión cinco meses después de que la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, anunciase que impediría acceder a una vivienda pública a cualquier persona que estuviese residiendo en un edificio municipal 'okupado' en el momento de registrar la solicitud, lo que generó un malestar en el grupo municipal de Ahora Madrid que obligó retirar la reforma.

Finalmente, cinco meses después, la EMVS ha aprobado esta semana los criterios para regularizar los contratos a aquellas personas que han ocupado "sin título jurídico suficiente" una vivienda pública con anterioridad al 1 de enero de 2016.