Aprobada la municipalización de Calle 30 para ahorrar más de 1.000 millones hasta 2040

Aprobada la municipalización de Calle 30 para ahorrar más de 1.000 millones hasta 2040

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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes por mayoría la municipalización de la sociedad Calle 30, con los votos a favor de PP, PSOE y VOX y la abstención de Más Madrid. El acuerdo permitirá que, a partir del 1 de enero de 2026, la gestión pase a ejercerse de manera directa a través de una sociedad cien por cien municipal. Así lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien ha calificado la decisión como un “acuerdo de gran relevancia para la ciudad de Madrid”.

Según los informes técnicos y económicos elaborados por la consultora KPMG y la propia Secretaría General Técnica del área de Obras, el nuevo modelo permitirá un ahorro de más de 1.000 millones de euros entre los años 2026 y 2040, en comparación con el sistema de gestión mixta implantado desde 2005. “El expediente que hemos tramitado viene a corroborar que la opción más eficiente y sostenible es la gestión directa”, ha señalado García Romero en su intervención.

La delegada ha subrayado que no se trata solo de ahorrar, sino de mejorar la calidad del servicio prestado. “No cabe cuestionar que la M-30 ha sido gestionada de forma eficaz desde 2004, pero la calidad en la prestación de los servicios públicos debe ser una aspiración constante”, ha argumentado. La nueva sociedad mercantil íntegramente pública permitirá implantar un marco operativo más flexible y coordinado, que aproveche la experiencia acumulada en los últimos 25 años y el capital humano vinculado a la infraestructura viaria más emblemática de la capital.

García Romero ha recordado que el sistema vigente fue concebido en un “marco normativo y económico muy concreto y radicalmente distinto al de hoy”, lo que refuerza la necesidad de actualizar la forma de gestión a los desafíos actuales. La municipalización de Calle 30 se alinea, además, con las exigencias de eficiencia presupuestaria y sostenibilidad financiera que rigen la actuación pública en la actualidad.