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El Ayuntamiento de Madrid reforzará las actuaciones contra las viviendas turísticas ilegales
El Ayuntamiento de Madrid reforzará las actuaciones contra las viviendas de uso turístico ilegales tras constatar la desaparición de 2.600 pisos no autorizados durante la aplicación del Plan Reside, en vigor desde hace meses como herramienta de ordenación urbanística en esta materia.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado este martes que la estrategia municipal “se va a intensificar” y ha subrayado que el objetivo no es perseguir la actividad turística en sí, sino aquellas viviendas que operan al margen de la legalidad.
Carabante ha puesto el acento en el endurecimiento del régimen sancionador, que contempla multas de hasta 190.000 euros por inmueble, y ha destacado las acciones de coordinación con agentes de fincas, a quienes se ha remitido una carta para facilitar canales de comunicación directa con el Consistorio y canalizar posibles denuncias.
En sus declaraciones a los medios, el delegado ha defendido el Plan Reside como un instrumento eficaz para ordenar una actividad que, según ha señalado, es necesaria para la capital, dado que uno de cada tres turistas que pernocta en Madrid lo hace en una vivienda de uso turístico. “No podemos prescindir de ella”, ha afirmado, “pero sí garantizar que no invada zonas residenciales”.
La estrategia municipal contempla limitar la implantación de este tipo de alojamientos en zonas donde reside población permanente, con el fin de preservar la convivencia vecinal y evitar la saturación turística en determinados barrios. En este sentido, Carabante ha defendido que el modelo legalizado no genera conflictos y contribuye a mantener una oferta turística ordenada y compatible con el uso residencial.
El responsable del área ha valorado positivamente la evolución del plan y la colaboración con la Comunidad de Madrid, lo que, en su opinión, ha favorecido los resultados obtenidos en un periodo reducido de tiempo.
“Somos optimistas”, ha concluido, “porque las viviendas turísticas ilegales en la ciudad de Madrid se van a continuar reduciendo”, en el marco de una política que busca conjugar el desarrollo turístico con la protección del derecho a la vivienda y la calidad de vida de los vecinos.
