Las Oficinas de Información de Prestaciones no Municipales (OIP) del Ayuntamiento de Madrid atendieron a cerca de 60.000 personas durante 2025, con un 41% de las consultas relacionadas con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Así lo ha trasladado este lunes la directora general de Servicios Sociales de Atención a la Discapacidad, María de la Consolación Alfaro, durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Durante su intervención, la directora general ha señalado además que alrededor del 75% de las atenciones se realizan de forma presencial y que siete de cada diez personas atendidas en estas oficinas son españolas, pese a que el servicio dispone de interpretación Telefónica para atender a quienes no dominan el castellano.
Alfaro ha recordado que estas oficinas se pusieron en marcha para dar respuesta a una situación "muy concreta" derivada de la pandemia, con el objetivo principal de informar a la ciudadanía sobre la tramitación del IMV. Actualmente, ha añadido, se encuentra en licitación un nuevo contrato que adapta el servicio a las "nuevas necesidades sociales" y ajustarlo a la demanda existente.
Así respondía a una pregunta formulada por el portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, quien ha criticado el mantenimiento de estas oficinas y el gasto que suponen, que ha cifrado en "un millón de euros de los madrileños". "Están ustedes gastando dinero de los madrileños para informar sobre prestaciones que ni siquiera son municipales", ha afirmado.
Ortega Smith también ha criticado que el servicio incluya traducción a distintos idiomas para explicar la tramitación de estas ayudas y ha advertido de que, a su juicio, puede generar un "evidente efecto llamada". "Si ustedes ofrecen entregar una serie de recursos públicos, está claro que quienes no están y lo pueden necesitar van a venir a pedirlos", ha sostenido.
El portavoz de Vox ha defendido que las políticas sociales deben priorizar a los madrileños con más dificultades económicas y ha señalado que, mientras haya ciudadanos que "no lleguen a fin de mes", no se deberían destinar recursos públicos a este tipo de servicios. "Mientras haya españoles que no tengan lo más básico para sobrevivir, no podríamos gastar un euro, por mucho que creamos que así somos más solidarios", ha concluido.
En el marco de este nuevo contrato, la atención se ofrecerá en dos ubicaciones, en Legazpi y en la zona de Cuatro Caminos. Además, se ofrecerá apoyo en trámites como la obtención de firma electrónica, la apertura de cuentas de correo electrónico o la gestión de la carpeta ciudadana, con el objetivo de "evitar la brecha digital".
La directora general ha subrayado que, además de las gestiones relacionadas con el IMV, estas oficinas ofrecen información y tramitación de bonos sociales para suministros de electricidad y gas, gestión de citas en registros y ventanillas únicas, solicitudes de vida laboral, así como información sobre certificados digitales o trámites para la valoración de grado de discapacidad.
Asimismo, ha destacado que la puesta en marcha de este servicio permitió aliviar la carga de trabajo de los centros de servicios sociales municipales en un momento en el que otras administraciones no estaban dando respuesta suficiente a la demanda generada durante la pandemia.